La vida en una toma: familias claman por ayuda para que no les demuelan sus viviendas
carlos rodriguez ilabaca
Pocos días después del terremoto del 27 de febrero de 2010 Adriana Jiménez Osorio llegó a vivir junto a su esposo, el maestro albañil Víctor Astorga, y sus dos hijas, Cinthya (25) y Camila (8), a un sitio ubicado entre las calles Altas Cumbres y Las Canteras, en la parte alta de El Quisco. 'Esto era un verdadero basural, que estaba botado hace más de 40 años', recuerda Adriana, quien levantó una bonita casa que no parece que perteneciera a una toma.
A los pocos meses comenzaron a arribar otras familias que vivían como allegadas y que no tenían cómo pagar un arriendo. También, reconocen, llegaron otras pocas desde Santiago, que vieron la posibilidad de residir en un barrio tranquilo y lejos de la contaminación, la droga y la delincuencia que aflora en la capital.
'Nosotros éramos de la población El Volcán de Puente Alto, pero las balaceras y el tráfico de drogas no dejaban vivir en paz. Yo, incluso estaba separada de mi esposo, y decidimos juntarnos y venirnos para acá para darle una mejor vida a nuestras dos hijas', confiesa Adriana.
Cinthya, la hija mayor de Adriana, arrastra una parálisis cerebral desde los seis meses de vida. Está postrada en una cama. Ni siquiera se puede sentar en una silla de ruedas. 'En El Volcán la Cinthya no podía estar en paz por la bulla. Acá, en cambio, su calidad de vida mejoró mucho, porque no se siente ningún ruido. Ella está tranquila y puede dormir todo lo quiera', dice la madre.
Pero a diferencia de su hija, Adriana no ha podido conciliar el sueño en los últimos días. El municipio ya decretó una orden de demolición para las 31 viviendas que componen la toma Padre Hurtado. ¿La razón? Ninguna de ellas cuenta con permiso de edificación. Desde el municipio explican que como no cuentan con la maquinaria apropiada, deberán llamar a una licitación para concretar la orden. En otras palabras, la demolición podría hacerse efectiva en las próximas semanas o meses.
'La municipalidad no puede desalojar a estas familias porque están en un terreno privado, pero la demolición se hará efectiva porque se debe cumplir la ley', dice una fuente del municipio.
'En las noches no puedo dormir pensando en qué pasaría si llegan esas máquinas a rompernos nuestras casas. Aquí está en esfuerzo y sacrificio de toda mi vida. Hemos gastado más de 3 millones de pesos para levantar esta vivienda. Y no sé qué haría con mi hija que está postrada. No tengo otro lugar donde irme', cuenta Adriana, alarmada. 'Mi esposo dice que por eso vamos a luchar hasta las últimas consecuencias'.
Sorangeli Muñoz (45) también lleva más de cuatro años en la toma y es la secretaria del comité que constituyeron los pobladores para concretar el anhelo de todos: comprar legalmente el terreno y quedarse viviendo en las casas que han levantado con tanto esfuerzo. Sorangeli tiene rabia e impotencia. Y sus dardos apuntan directamente a la autoridad municipal. 'La alcaldesa (Natalia Carrasco) salió en una radio diciendo que mandaría a demoler nuestras casas porque aquí vivíamos puros delincuentes y traficantes. Eso no es verdad. Aquí somos gente humilde, pero honrada y de trabajo. Incluso nos culpa de los dos muertos que hubo en la disco Gyvens', denuncia Sorangeli.
Diario El Líder intentó comunicarse con Natalia Carrasco, pero no fue posible. Desde el municipio, en todo caso, desmienten que la alcaldesa haya emitido esas declaraciones y que el decreto de demolición no tiene que ver con las familias que viven ahí, sino con una orden que por ley el municipio debe cumplir.
'El día de los crímenes en la disco (el domingo pasado) había dos furgones de carabineros aquí en la toma tratando de que no nos colgáramos a la luz, en vez de estar cuidando la comuna que estaba plagada de gente porque era fin de semana largo', alega la secretaria del comité.
Sorangeli, quien habita una pequeña mediagua de dos piezas junto a sus tres hijos (de 17, 16 y 8 años) y su marido, cuenta que desde el jueves de la semana pasada están sin luz. 'Vinieron carabineros hasta con chalecos antibala cuando la gente de la compañía eléctrica llegó a desconectarnos de la luz. Era como estar en dictadura. Yo quería llorar de la pura humillación', dice la dirigenta. Tampoco tienen agua potable ni mucho menos alcantarillado.
'Nosotros no queremos que nos regalen nada. Queremos comprar este predio (de poco más de 10 mil metros cuadrados) y quedarnos aquí mismo. Ya hablamos con los dueños del terreno (la cooperativa Paulina Legeule) y el representante legal dijo que están dispuestos a vendernos el terreno a través de Serviu. El problema es que de los 75 socios de la cooperativa muchos han muerto, y ahora hay que encontrar a los hijos o nietos para poder concretar la venta', explica la dirigenta.
'Me da rabia cuando la alcaldesa dice que aquí hay droga y delincuencia. Si fuera así, por qué no manda a la PDI y Carabineros a intervenir la toma. No lo hace porque sabe que aquí no hay nada. Ella nunca ha venido aquí y nos gustaría que viniera para que sepa cómo es la cosa. Las veces que hemos tratado de hablar con ella, nos deriva con el asesor jurídico, y ahí quedamos', agrega.
'Yo vivo aquí porque no tengo para pagar un arriendo ni otro lugar para vivir. Y voy a luchar hasta el final para cumplir nuestro sueño de quedarnos aquí', sentencia la secretaria, quien lleva 16 años viviendo en El Quisco.
Sorangeli Muñoz dice que en este tiempo también han debido lidiar con gente que les ha jugado chueco. 'La antigua presidenta desapareció a principios de este año y se fue con más de 700 mil pesos del comité. Más encima estafó a gente vendiéndoles sitios de aquí mismo. Y el abogado que contratamos para ver lo de la orden de demolición, no hizo nada y nos cobró 750 mil pesos'.
El agua la extraen desde un grifo que está cerca de la toma. Con mangueras llenan los estanques que cada familia tiene en sus casas. Para bañar a los niños en estos tiempos de frío tienen que calentar agua en tarros. Los más grandes se someten a la tortura de soportar el agua fría. 'Y la ropa la lavamos a la antigua, escobillando y estrujando, porque ahora estamos sin luz para echar a andar la lavadora', relata Adriana Jiménez.
Yolanda Astorga (55) ha sufrido lo indecible estos últimos días. Su vida depende de una maquinita que durante las noches le suministra el oxígeno necesario para que sus pulmones puedan funcionar durante el día. Y aquella maquinita -que 'es más fiel que cualquier hombre', dice ella- funciona con luz eléctrica.
'El otro día me tuvieron que llevar de urgencia a la posta porque estaba morada entera. Al final me tuvieron que trasladar a otra casa de aquí del sector para poder conectar la maquinita. De otra manera me hubiese muerto', cuenta Yolanda, quien habita otra de las viviendas de la toma junto a su hija, dos nietos y su yerno.
'Estamos todos con el alma un hilo, porque no sabemos qué va pasar con nosotros. Lo único que queremos es que las autoridades no nos den la espalda y nos ayuden a quedarnos aquí, que es donde queremos vivir para siempre', añade.
Tamara Villalobos (23) es otra dueña de casa de la toma Padre Hurtado. Vive sola con su hija Sofía, de apenas 9 meses, porque su esposo no encontraba empleo en la zona y se tuvo que ir a Santiago como jornalero en la construcción. Viene sólo los fines de semana.
'Yo estoy aquí por necesidad. No tenía otro lugar para vivir junto a mi hija. Me gustaría que la alcaldesa se pusiera la mano en el corazón y pensara en nosotros, en los problemas que tenemos. Ni siquiera nos ayuda trayéndonos los camiones con agua potable. Todo lo que usted ve en esta casa está hecho a puro esfuerzo. Ni siquiera tenemos puerta en el baño', confiesa Tamara.
Al igual que la mayoría de las familias, la joven madre dice que 'no quiero que me regalen el terreno. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo e incluso a pagar un dividendo barato si es necesario. Pero no queremos irnos de acá'.
-Cuando me contaron que la alcaldesa había dicho que iban a demoler, me dio un terrible dolor en el pecho, porque esta es mi casa. Es todo lo que tengo en la vida. Si vienen las máquinas, yo me voy a atrincherar dentro de mi casa con mi hija. Esto estuvo botado más de 40 años y ahora quieren echarnos. No puede ser.
La delegada provincial del Serviu, Paulina Díaz, dijo que se enteró del caso recién la semana pasada y que ya fijaron una reunión para buscar una solución habitacional para las 31 familias que integran la toma. 'El próximo sábado 30 nos reuniremos en la misma toma con los dirigentes', informó Díaz.
'Queremos hacer un trabajo conjunto. Solicité los antecedentes necesarios para hacer un estudio del terreno a través de una Egis (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social) y ver si las familias cumplen con los requisitos sociales para acceder a una solución habitacional', explicó la delegada provincial del Serviu.
'Entiendo que los pobladores han tenido algunos problemas con el municipio, pero mi tarea es buscarles una solución habitacional para que mejoren su calidad de vida. Lo importante es recalcar que todo debe hacerse de acuerdo a la normativa legal vigente y en un terreno que cumpla las condiciones que exige el Estado para poder invertir en él', concluyó Paulina Díaz.
Diario El Líder intentó recoger la versión del representante legal de la cooperativa propietaria del terreno, pero pese a los innumerables llamados, no fue posible contactarlo. Sólo a través de un mensaje de texto respondió 'estoy en una reunión'. J
'En las noches