Martes 16 de septiembre, nueve y media de la mañana, cae una persistente llovizna sobre San Antonio. A un costado de la antigua sede del sindicato de estibadores, Sergio Vargas, el poderoso presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios Eventuales (Fetrampec) y un grupo de sus cercanos miran con resignación cómo en el puerto se afinan los detalles para iniciar, en el segundo turno, el desembarco del carguero Río Malleco, con dos mil automóviles en sus bodegas.
Se trata de la primera señal de normalidad después de 18 días de paralización en Puerto Central. A pocas cuadras de ahí, en las afueras de la Torre Bioceánica, unos 150 trabajadores celebran lo que consideran la caída de Sergio Vargas y se aprestan a firmar nuevos contratos.
Diego Silva y otros dirigentes de la Federación Trabajadores Portuarios de Costanera Espigón (Fetraportces) conocen los detalles de una propuesta que, en lo grueso, significa que unos 140 trabajadores eventuales pasarán a la planta de la compañía en lo inmediato; se llegará a 200 antes de fin de año y a 500 cuando esté operativa la ampliación del puerto.
En el peak de su poder, la Federación presidida por Vargas controlaba a unos 500 operarios eventuales y tenía redes que le permitían influir sobre los trabajadores de Puerto Panul y STI apelando a un acuerdo de solidaridad sindical suscrito en 2013.
Vargas era el vocero de todos los trabajadores portuarios del país, a través de la Unión Portuaria, y en 2013 fue capaz de poner en jaque la actividad exportadora con más de 22 días de paralización, justo durante el período de envíos de fruta.
El conflicto estuvo latente hasta enero de 2014, cuando el Ministerio del Trabajo ingresó al Congreso un proyecto de ley corta que permitió al Estado pagar con recursos públicos el dinero equivalente a media hora de colación que demandaban los trabajadores y que estableció un descanso que se entrega alternadamente a los trabajadores. Vargas no estuvo de acuerdo, pues a su juicio, esa medida dejaba la puerta abierta para que se contrataran trabajadores de reemplazo.
A esa altura su agenda había girado hacia demandas de un mayor espesor político, como por ejemplo, el debate sobre la renacionalización de los puertos o el régimen provisional.
Esta estrategia fue la que lo fue aislando de otros dirigentes sectoriales, quienes preferían mantener sus demandas dentro de un marco estrictamente gremial. 'Aquí hubo un trabajo de joyería (del Gobierno y de las empresas). Habíamos planificado temas que tienen que ver con cómo nos insertamos los portuarios en las problemáticas nacionales y nos quedamos solos. Nosotros nos sentimos traicionados por nuestros pares', dice Vargas.
En marzo de este año, se descolgó de la organización el secretario general de los trabajadores de Puerto Central, Diego Silva, para formar un nuevo referente sindical; en agosto, Vargas fue relevado como vocero de la Unión Portuaria y, el martes 16, los afiliados que se mantenían fieles decidieron aceptar la propuesta de la empresa Puerto Central y concurrir al llamado para contratarse indefinidamente y limitar el sistema de nombradas. J