El guardia de Prosegur que sobrevivió a la balacera desatada en el asalto al camión de seguridad, Héctor Avilés, se mantiene aún grave.
El trabajador se encuentra internado en un centro asistencial de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS) de la Región Metropolitana, donde está siendo tratado de la fractura en el cráneo que sufrió tras ser arrollado por uno de los vehículos en que huyeron los delincuentes. J
La semana pasada quedó al descubierto el caso de temporeros bolivianos y chilenos que eran alojados en Leyda en viviendas que parecían verdaderos gallineros.
El hecho fue denunciado y lo investigó la Dirección del Trabajo y la Gobernación Provincial de San Antonio, cuyos funcionarios quedaron sorprendidos por las condiciones en que vivían los empleados, pues no contaban con baños, tenían piso de tierra y los cuartos donde dormían no contaban con forro en las paredes ni con cielo en el techo.
Esta semana la Dirección del Trabajo (DT) se pronunció frente a la serie de irregularidades que fueron consignadas por el jefe provincial de la Inspección del Trabajo, Juan Carlos Galdames.
Tras ello la DT aplicó multas al empleador que alcanzaron los 10 millones 85 mil pesos.
Los temporeros trabajaban recolectando frutillas en el fundo La Marquesa, sector de Leyda. En ese predio los obreros pernoctaban en malas condiciones laborales y vivían hacinados en un galpón sin las condiciones higiénicas mínimas.
De los 19 trabajadores, cinco eran de nacionalidad boliviana.
Todos ellos laboraban en la recolección de frutillas para la Comercial Armifrigo Limitada, cuyo dueño y representante legal es Claudio Armijo Carrasco, quien en el 2011 se vio involucrado en un caso similar con campesinos peruanos que pernoctaban en un predio de la localidad de San Juan.
Tras la visita al fundo La Marquesa el empleador fue citado a la Inspección Provincial del Trabajo para que exhibiera la documentación sobre contratos de trabajo, pagos de remuneraciones y cotizaciones previsionales y jornadas de trabajo. La entrega de dicha documentación le permitió evitar parte de las multas que arriesgaba.
Sin embargo, no pudo impedir la aplicación de sanciones por las variadas infracciones a las normas legales de higiene y seguridad.
En total fueron siete las infracciones acreditadas: no contar con servicios higiénicos en buenas condiciones, ni tenerlos separados por sexo y tampoco instalados a no más de 75 metros de distancia del área de trabajo.
Además lo multaron por no proveer de agua potable para lavado e higiene personal, no contar con comedor en faenas a campo abierto, no tener en el campamento las condiciones higiénicas mínimas para alojar y no contar con duchas.
Cuando fue la fiscalización (el 31 de julio), el inspector provincial del Trabajo, Juan Carlos Galdames, relató que "las condiciones de higiene y seguridad son pésimas, precarias, en algunas casi infrahumanas; con baños malos, sin agua potable, sin duchas y comedores con palos y nylon".
Entonces añadió que "se pudo ver los galpones habilitados como habitación para los trabajadores y en un punto había un matrimonio boliviano que estaba durmiendo en condiciones en las que ninguna persona se merece vivir, con precariedad y suciedad".
Por su parte la gobernadora provincial, Graciela Salazar, expresó en el operativo que "no es posible que tengamos trabajando y cumpliendo una jornada laboral en estas condiciones ni a extranjeros ni a chilenos". J
El mismo empleador fue multado en 2011.
Entonces la Dirección del Trabajo aplicó multas por $8.852.556 al responsable de mantener en "ilegales y deplorables condiciones laborales, salud y seguridad" a 19 campesinos peruanos.