Por Lalo Loyola

El "proceso constituyente" empezó justo después que los escándalos de corrupción de izquierda, centro y derecha remecieron al país. En vez de enfrentar el problema de fondo la Presidenta Bachelet intentó hacer creer a los chilenos que este flagelo se elimina con una nueva Constitución, y ya hay muchos repitiendo "No más corrupción; nueva Constitución". Para tal efecto el Gobierno nombró, no democráticamente, a un Consejo de Observadores, quienes como dijo su presidente, son "un grupo de personas nombradas a dedo, casi todos hombres, casi todos capitalinos, y casi todos abogados". O sea, la solución de Don Otto.

El Gobierno esperaba que las masas se volcaran a los cabildos. No ha sido así; tanto que para que estos funcionaran el Consejo de Observadores tuvo que bajar de 15 a 10 el número mínimo de personas participantes.

Pienso que quienes deben proponer en conjunto a los chilenos una nueva Constitución son los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los que, con los mecanismos que acordaren, estudien una nueva Constitución, nombren las comisiones de estudio pertinentes, las que emitirán un informe que una vez aprobado sea sometido a un plebiscito en que participe el pueblo de Chile.

Eso es democracia representativa: todos los poderes del Estado funcionando.

Cualquier otro procedimiento me recuerda el triste precedente de Venezuela.

Los resultados están a la vista.

MAURICIO PILLEUX DRESDNER