Magro consuelo
por Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo.
Con crudo realismo, el ex ministro de Economía Nelson Barboza resumió la crisis que culminó con la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff: "Ustedes (los opositores) han decidido que hay un crimen y luego han buscado el delito".
Sesenta y un senadores optaron por ignorar el planteamiento y, al mediodía del miércoles pasado, votaron por el "impeachment". Aunque se habló de "delito", la acusación contra la Mandataria siempre tuvo bases discutibles. Incluso, como se afirma en la apelación ante el Tribunal Supremo Federal, sostiene que se basó en una ley de 1950 que sería incompatible con la Constitución.
Dándole en parte la razón al ex ministro Barboza, el mismo senado, en la misma sesión, determinó que la destituida Presidenta no sería privada de sus derechos políticos por ocho años como pedían los acusadores. Entre otras posibilidades para mantenerse vigente ante la opinión pública, se estima que podría aspirar a un sillón en el Senado.
Pero, en primer lugar, la ex Presidenta optó por apelar a la Justicia. Esta es, por cierto, una demostración de tenacidad que ratifica la opinión de que el origen de la crisis reside en el estilo de Dilma Rousseff. En diario El País, el corresponsal Antonio Jiménez Barca, fue categórico: "Para sobrevivir en un Congreso tan hostil, voluble y pulverizado en decenas de partidos como el brasileño, hay que hacer política (como los demás): dar, prometer, conspirar, agradar, conversar, ceder, entrar y salir. Lula era un maestro en eso. Pero Rousseff no: su carácter íntegro, férreo, rígido, austero, prepotente y burocrático se lo impedía".
No quiso, por ejemplo, llamar a elecciones anticipadas, lo que habría sido una salida honrosa. Prefirió exponerse a lo que finalmente calificó como el segundo golpe de su vida: el de 1964, y "el golpe parlamentario realizado hoy por medio de una farsa jurídica, que me derroca del cargo para el cual fui electa por el pueblo".
Por esos misterios de la vida política brasileña, que permitió que parlamentarios involucrados en casos de corrupción votaran por destituirla, Dilma perdió pocos privilegios. Sigue habilitada para ejercer cargos públicos; conserva beneficios como ex jefa de Estado y puede nombrar a ocho funcionarios como asesores, guardaespaldas y conductores. Además dispondrá de dos vehículos con patente oficial.
En vez de ser ignominiosamente expulsada del Palacio de la Alvorada, tiene un mes para hacerlo. Podrá volver a su hogar en Porto Alegre en un avión de la Fuerza Aérea de Brasil. Del mismo modo, el Estado deberá asumir los costos de la transferencia de sus pertenencias personales y documentos.
Es, por cierto, un magro consuelo. Pero, peor debería ser la mala conciencia de quienes, mediante pretextos rebuscados, lograron despojarla de la Presidencia.