Verónica Guzmán iba desde San Antonio hacia la localidad de Lo Abarca cuando casi al llegar a su destino se dio cuenta que había un perro convulsionando en la calle. Se bajó con su madre y su pareja, según su relato, y trataron de ayudarlo, pero este murió a los pocos minutos. Era la tarde del viernes.
No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta que a pocos metros había otro can en las mismas condiciones y que más distante yacía uno más. En total, desde la vía pública contabilizaron seis. Algunos estaban en un terreno privado y no tienen certeza si había más. Según dirigentes animalistas, la mortandad podría ser mucho mayor.
¿Qué pasó? Eso esperan que lo establezca una investigación por maltrato animal que presentarán ante la PDI, sin embargo, lo que se conoce hasta el momento es que desconocidos dejaron veneno en algún punto de la ruta para que los animales murieran intoxicados.
Fue, de acuerdo al relato de Verónica Guzmán, "algo extremadamente cruel".
"Estaban convulsionando en la calle, con mucho dolor", agregó.
Ayer por la mañana llegó al sitio del suceso la dirigenta animalista Miriam Fernández, pero no encontró ni una sola prueba de lo que ella describe como una "masacre".
"Habían retirado todos los cuerpos, la media docena al menos, y limpiaron cualquier rastro. Solo tenemos las fotos, pero fue macabro", reitera Fernández, quien adelantó que dentro de los próximos días llevarán todos los antecedentes a la justicia.
"Este es un tema que tenemos que solucionar, pero de mejor manera, no matando a los animales sino que desde la tenencia responsable. Muchos de los animales que llegan a esta ruta, que son abandonados camino a Lo Abarca, son botados por sus dueños por las razones que sean, pero que no siempre son suficientes", denunció.
Los argumentos para recurrir a la justicia no solo apelan a la "extrema crueldad" contra los perros, sino que porque es una situación repetitiva en la provincia de San Antonio.
"Ya no lo toleraremos más", prometió Miriam Fernández.
"Además, que estén tirando veneno en cualquier sector, especialmente en uno rural, es un peligro sanitario", complementó.
La ley chilena sanciona el envenenamiento como maltrato animal y la considera un delito que se castiga con una pena que va desde los 61 días de presidio a los 540 días de cárcel, o con una multa que puede llegar a los 10 ingresos mínimos mensuales.
"La necesidad de proteger a los animales deriva del hecho que son seres vivos, capaces de sentir y de sufrir, facultades que por sí solas los hacen acreedores de protección y de respeto. Diversos estudios aseguran que quien ejerce violencia en contra de un animal se predispone a la violencia en contra de sus semejantes", según consigna la página de la Fiscalía.
El maltrato animal es un delito de acción pública, por lo que cualquier persona puede denunciarlo.