Rodrigo Ogalde

En septiembre del año 2014, el entonces subcomisario y subjefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI San Antonio, Gonzalo Montoya (41), participó de un procedimiento que le haría pasar los momentos más complejos de su vida.

Esa vez, por una acusación que ahora ha sido cuestionada e invalidada por la justicia, Montoya y otros diez hombres que se desempeñaban como detectives fueron involucrados en un caso que terminó con la detención de todos ellos en noviembre de 2015.

"Estuve en prisión preventiva durante seis meses en el cuartel Borgoño de la PDI. Son los seis peores meses de mi vida", recuerda sobre esa época en que, según él, no sabía qué pasaba y no entendía las razones que explicaban su relación con el supuesto robo de un cargamento de chocolates M&M que fue sustraído desde un camión en Talagante.

Previo a que se le acusara por malversación de caudales públicos, encubrimiento de robo con intimidación e infracción al artículo 22 de la Ley Orgánica de la PDI (falsear documentos oficiales de la institución), el ahora ex policía cuenta que el alto mando de la PDI había destacado su trabajo en la Biro San Antonio.

El caso

Según Montoya , quien era el testigo clave del Ministerio Público denunció, en septiembre de 2014, que le habían robado un camión cargado con chocolates M&M pero "comprobamos que había antecedentes falsos para cobrar un seguro".

De acuerdo a su versión, esa denuncia motivó una investigación en que actuaron Carabineros y el Servicio Médico Legal para determinar si el conductor del camión robado había sido sedado con un somnífero por los presuntos asaltantes y así avanzar en el esclarecimiento de la causa.

"Esa investigación llegó a mis manos y establecí que esa denuncia era falsa y que todo era para cobrar un seguro, y, 'casualmente', una vez que se entrega esa información a la Fiscalía, él (el dueño del camión) nos denuncia de que nosotros (los policías) le habíamos robado".

Tras ser detenidos en septiembre de 2015, los once detectives fueron pesquisados por el Departamento Quinto de la PDI, que inició una investigación interna que luego terminaría en un expediente que tomó el Ministerio Público de San Antonio, entidad que formalizó a los policías por esos tres delitos antes mencionados.

A fines de 2016, en el Tribunal Oral de Talagante, el primer juicio concluyó y se les exculpó de los cargos a los once imputados. "Lo ganamos de forma unánime y nos absolvieron", dice él.

Segundo juicio

La Fiscalía recurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel y logró que se anulara ese primer juicio, por lo que en julio pasado comenzó el segundo enjuiciamiento, cuyo veredicto se conoció el pasado 2 de septiembre.

"También, de forma unánime, nos absolvieron a todos de los mismos cargos que habían presentado en la acusación", aseguró el ex detective.

Consta en el veredicto de este último juicio que "contrariamente a las pretensiones del Ministerio Público y de la parte querellante, se ha llegado a la conclusión de dictar una sentencia absolutoria respecto de todos los acusados de la presente causa, por la totalidad de las imputaciones formuladas en su contra en la acusación fiscal y particular".

Además, dicho tribunal oral dictaminó que los acusadores atribuyeron "especial relevancia" a testigos cuyas declaraciones presentaron "importantes inconsistencias y contradicciones a la hora de confrontarlos con sus propios dichos y con otros antecedentes que se allegaron al juicio".

Han pasado cuatro días desde que el tribunal lo liberó de todos los cargos y Montoya lo único que quiere es limpiar su nombre y no descarta seguir acciones judiciales en contra de quienes lo hicieron pasar por este episodio que empieza a terminar felizmente para él.

Su dolor es haber estado preso "injustamente" y que eso le haya dejado muchas consecuencias en su vida, entre ellas sentir que perdió a quien creyó que eran sus amigos e incluso a familiares que le dieron vuelta la espalda. "(Perdí) amigos y familiares, mi hermano y mi mamá no me dieron ningún apoyo, pero sí lo hicieron mi señora y mis hijas", admite.

Ahora espera que el general director de la PDI y la Presidenta Bachelet puedan acoger la solicitud de reincorporación que presentará junto a su abogado Víctor De María. "Siempre está la ilusión de volver a la institución, por eso haremos todo lo que esté a nuestro alcance", sostiene con la mirada llena de esperanza.