Ministro en visita tomó declaraciones por dos casos de crímenes tras el golpe militar
Uno de los fallecidos era un jinete que apareció con un balazo en la cabeza al costado de una carretera; y el otro, un joven asesinado en un domicilio donde aparentemente funcionaba un prostíbulo.
El ministro en visita extraordinario en casos de derechos humanos, Vicente Hormazábal, se constituyó a primera hora de ayer en el Primer Juzgado de Letras de San Antonio, en el edificio de tribunales de Barrancas, para tomar declaración a dos personas con residencia en Cartagena que aparecen vinculados a dos crímenes ocurridos en los meses posteriores al golpe militar de 1973.
Uno de los citados por el magistrado Hormazábal, cuya identidad no trascendió a la prensa, prestó declaración por su presunta participación en el asesinato de Raúl Orlando Rojas Orellana, un jinete del Hipódromo que apareció fallecido con un impacto de bala en la cabeza y el cráneo fracturado a un costado de una carretera de la Segunda Región. Tenía 25 años. Lo extraño es que no poseía filiación política y su cuerpo fue encontrado a sólo 200 metros de un polvorín o depósito de armas del Ejército.
De acuerdo a la investigación del ministro en visita, Rojas Orellana fue detenido en diciembre de 1973 en horario de toque de queda y trasladado a una comisaría de Antofagasta, donde habría sido ejecutado.
Y la otra persona que declaró, cuyo nombre también se mantiene en reserva, fue citada en calidad de testigo de otro crimen que impactó a la Segunda Región. El 20 de julio de 1974 Manuel García González, también de 25 años, fue hallado al interior de un domicilio particular de la ciudad de Calama con dos impactos balísticos recibidos por la espalda. Aparentemente, el inmueble donde permanecía el cuerpo funcionaba ocasionalmente como un prostíbulo, versión que está siendo indagada por el ministro Hormazábal, quien en marzo pasado fue designado en visita extraordinaria por la Corte Suprema para indagar más de 60 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos entre Arica y La Serena.
-Ministro, ¿cómo califica las diligencias que realizó hoy (ayer) en San Antonio?
-De a poco se van reconstruyendo las historias porque la labor del juez del crimen, tanto del antiguo como del actual, es reconstituir los hechos en la forma más cercana a como ocurrieron en la realidad. Y en este caso es un poco más difícil porque el tiempo hace mella en ese sentido. Tenemos que exhumar cadáveres para obtener algunos antecedentes, porque además las autopsias en ese tiempo (1973) eran muy elementales, ni siquiera eran de un cuarto de página. Prácticamente, solo se dedicaban a constatar el número de disparos que había sufrido la persona (víctima).
El magistrado explica que muchas veces, debido a la distancia geográfica, las citaciones a testigos, imputados o procesados no surten efecto. Por ello, él decidió trasladarse a regiones cercanas a tomar declaraciones a las personas vinculadas a estas más de 60 causas que lleva adelante en forma paralela.
-¿Existe la posibilidad de interrogar a más personas radicadas en la zona por estas causas?
-Sí, siempre van apareciendo. Hay gente que está radicada acá o en las cercanías que podrían ser citadas.
-¿Tiene algún plazo para investigar estas causas?
-Lo más pronto posible. Sólo tengo la instrucción de avanzar rápidamente en todas estas causas.