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A raíz de los cuestionamientos a la estrategia de prevención del delito de Carabineros, la subvaloración de encuestas sobre la percepción de las instituciones, y las manifiestas ausencias institucionales a actividades relevantes sobre la materia, se debe destacar la necesidad inmediata de implementar, en serio, un trabajo coordinado entre las distintas instituciones encargadas de la prevención y la seguridad pública. Son varios los casos donde no se ha avanzado en esta materia. Por ejemplo, no existe una retroalimentación periódica y sistemática de los resultados en sede judicial de los procedimientos policiales. Así, Carabineros se cuestiona qué pasa con los detenidos que horas después quedan en libertad. ¿Sabe la institución cuál es el estándar que exigen los jueces? Si se declaró ilegal una detención, un allanamiento, una interceptación telefónica, ¿sabe Carabineros las razones detrás de esa resolución? Hoy esa necesaria retroalimentación queda entregada a la buena voluntad de fiscales y policías. Pero si ella no se encuadra en un trabajo interinstitucional conjunto, los procedimientos se seguirán realizando de la misma manera, y los resultados serán entonces los mismos.
Por otra parte, el intercambio de información interinstitucional sigue al debe. Por ejemplo, ¿sabe Carabineros al controlar la identidad de una persona, si se encuentra cumpliendo una pena de cárcel, pero que está en ese momento con un beneficio intrapenitenciario de salida diaria? ¿O un beneficio de salida dominical en un día lunes, que obviamente quebrantó? ¿Sabe Gendarmería de Chile, al registrar las visitas a las cárceles, que un familiar que visita a un preso está con una orden de detención vigente? ¿Sabe la Policía de Investigaciones, al diligenciar una Orden de Detención, que la persona se encuentra cumplimiento en la cárcel una prisión preventiva?
Mientras sigue pendiente la implementación de un Banco Unificado de Datos, en la ley de Agenda Corta publicada el año pasado se obligaba a las instituciones a presentar anualmente un diagnóstico de gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes, para con ello establecerse un Plan Anual de Capacitación Interinstitucional. ¿Qué ha sucedido con esto? Estas propuestas parecen ser más efectivas que el mero aumento de las penas.
Como país necesitamos avanzar en esta materia, pero sin negar la importancia del debate público sobre el tema, más allá de críticas públicas y defensas corporativas.
Sebastián Valenzuela
Gerente legal de Alto
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Director:
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Domicilio:
Barros Luco 2170 / San Antonio
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Fono Periodístico:
228 6106
Propietario:
El Mercurio de Valparaíso S.A.P.
Representante Legal:
Rodrigo Prado Lira
Email:
cronica@lidersanantonio.cl
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La alimentación, la ganancia de peso y su relación con la salud durante el embarazo, es un tema muy importante para las mujeres en general, y mucho más para aquellas que ya se encuentran cursando una gestación con sobrepeso u obesidad.
Numerosos estudios han demostrado una relación negativa entre la salud perinatal y el exceso de peso, medido en términos de índice de masa corporal (IMC). Una gestante con obesidad se ubica inmediatamente en la zona de mayor riesgo de desarrollo de patologías propias de la gestación como, por ejemplo, los síndromes hipertensivos y la diabetes gestacional.
La evidencia actual indica que subir en exceso durante el embarazo es deletéreo (que puede causar la muerte), pero lo es más, iniciar la gestación con sobrepeso. La consecuencia lógica de este hecho es que el esfuerzo de lograr un IMC normal debe hacerse en el período preconcepcional y no durante la gestación, donde una restricción calórica importante aumentaría los riesgos de mortalidad perinatal.
La recomendación de incremento de peso en una embarazada obesa es del orden de 6 a 7 kg máximo durante todo el embarazo, lo que representa un promedio de 200 a 230g semanales a partir de la semana 10 de gestación. Ello permite reducir los riesgos de mortalidad perinatal o de mayor obesidad materna por retención de peso en el postparto.
Adelgazar en el embarazo no es imposible, pero supone un enorme desafío y un estricto control profesional, ya que no se puede hacer con dietas hipocalóricas, restrictivas ni disociadas e implica modificar el estilo de vida para centrarse en una alimentación completa, sana y que satisfaga las necesidades nutricionales de la madre y su hijo en gestación.
Si este cambio de hábito logra un incremento de peso materno mínimo o en determinados casos una baja del porcentaje de grasa asociado a un incremento fetal normal, se habrá logrado el óptimo manejo durante el embarazo y se podrían ver minimizados los riesgos de morbilidad.
Andrea López
Matrona y académica
Facultad de Medicina
U. San Sebastián