Funcionarios de primera, segunda y tercera clase
por Ariel Henríquez Achurra
La mayoría cree erróneamente que los funcionarios públicos son personas privilegiadas, al gozar en "teoría" de una mayor estabilidad en el empleo, de buenas remuneraciones y de jornadas laborales más reducidas y menos extenuantes de las que suelen suscitarse en el mundo privado. Sin embargo, podemos dar cuenta con conocimiento de causa -quienes hemos desempeñado cargos en el sector público- que dicha realidad dista mucho de aquel idílico escenario.
Lamentablemente durante los últimos años el Estado ha validado y normalizado un modelo de empleo público precario, conforme a los siguientes fundamentos que estimo importantes de compartir:
1.- La desafortunada convivencia que existe entre las distintas categorías de trabajadores en la administración pública, donde unos gozan de más derechos que otros; situación contraria al principio de igualdad y no discriminación que por mandato constitucional el Estado -y demás órganos descentralizados como las municipalidades- deben de garantizar.
2.- La silenciosa expansión en la subcontratación del Fisco: Resulta al menos llamativo que una conducta sobre la cual el Estado tiene una particular aprensión entre privados, se convierta en una praxis habitué que fortalece día a día con otras entidades de su mismo sector.
3- Existe un porcentaje considerable de trabajadores que prestan sus servicios en total desprotección -me refiero a los honorarios- pese a la promulgación y posterior publicación de la no menos controversial Ley 20.894, que los obliga a cotizar. Vale decir, son funcionarios -como cualquiera de planta inclusive- que desempeñan labores propias para el cumplimiento de los fines de una determinada institución -muchos de ellos supeditados a cumplimiento de horario- y bajo un evidente vínculo de subordinación y dependencia que los mantiene en una relación precaria e informal con el Estado, que a todas luces desconoce su calidad de trabajadores dependientes, aún a pesar del criterio jurisprudencial que ha sostenido la Corte Suprema en esta materia desde el año 2015.
Finalmente, es de esperar que el gobierno del Presidente Piñera implemente a futuro buenas políticas públicas, tendientes a hacer de Chile un Estado eficiente, moderno y con capacidad de gestión; logrando de una vez en esta materia eliminar la discriminación arbitraria que sufren muchos de los miembros de su fuerza laboral.