Aduanas y PDI impiden exportación ilegal de 109 mil kilos de desechos de baterías usadas
Operativo se concretó a partir de investigación que está siendo encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente desde el 2016.
Cumpliendo con su rol de protección del medio ambiente y los ciudadanos, un trabajo conjunto entre las Aduanas de Valparaíso, San Antonio y la Subdirección de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas y la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bridema) de la Policía de Investigaciones, permitió que funcionarios de la Aduana interceptaran cuatro contenedores que en su interior trasladaban 109 mil kilos de desechos de baterías usadas (plomo) que estaban en la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (Zeal) del puerto de Valparaíso.
Luego de una alerta emanada desde la Unidad de Análisis de Riesgo y tras bloquear en el sistema la exportación de los contenedores, un equipo de la Unidad de Drogas y otros Ilícitos de la Aduana Regional de Valparaíso junto a peritos de la Bridema fueron los encargados de constatar, a través de la revisión física, qué contenía el cargamento.
Los expertos PDI, a partir de una orden amplia de investigar del Ministerio Público, llegaron desde Santiago para periciar el material tóxico y continuar con las investigaciones que correspondan.
Las baterías fueron encontradas en grandes sacos con un material pastoso y metálico. Los análisis preliminares realizados por la PDI con tecnología especializada que permite detectar este tipo de componentes, confirmaron que se trataba de 109 toneladas de desechos de plomo de baterías usadas y no sulfato de plomo, como había declarado el dueño de la mercancía.
El subdirector de fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas, Javier Uribe, señaló que "esto es fruto de un muy buen trabajo de coordinación entre las Aduanas de Valparaíso y San Antonio, que levantaron las alertas que nos permitieron bloquear la salida de estos contenedores".
Uribe informó que con la PDI "llevábamos un tiempo investigando a la empresa que pretendía exportar este producto", junto con precisar que la carga tenía como destino el puerto del Callao en Perú."
Se trata de material cuyo movimiento transfronterizo está prohibido a partir del Convenio de Basilea, suscrito por Chile en 1992 y del cual forman parte alrededor de 170 países.
La Aduana de Valparaíso presentó una querella en el Juzgado de Garantía del puerto en contra de quienes resulten responsables.
170 países están suscritos al Convenio de Basilea, que impide la exportación de esta carga.