Operación del OS-7 terminó con dos detenidos y un largo debate judicial
La policía aprehendió a dos hombres y encontró droga en una casa a partir del testimonio de una persona que entregó información.
La mañana del sábado en Llolleo el OS-7, la unidad antidrogas de Carabineros, detuvo a dos hombres que viajaban en un vehículo.
Ambos sujetos, un chileno y un colombiano, de iniciales L.A.O.R y E.G.R.C, respectivamente, pasaron ayer a control de detención en el Tribunal de Garantía de San Antonio. Se había incautado 387 gramos de marihuana.
Ante el juez de Garantía, Juan Pablo Flores, el fiscal Rolando Ramírez expuso que el procedimiento de los carabineros se llevó a cabo después de recibir una denuncia anónima a partir de la cual se solicitaron las autorizaciones para interceptar el vehículo en que se movilizan los imputados, lo que se hizo en la esquina de Avenida Chile y Baquedano.
En el lugar, según Flores, el OS-7 realizó un control de identidad a los sujetos, comprobó que no portaban documentos identificatorios y, amparado en la ley, registró sus vestimentas y también el automóvil "encontrando la droga oculta en el interior de este".
Más tarde, los policías, en comunicación con el fiscal, informaron que el colombiano accedió a cooperar con la diligencia y, bajo su autorización, se ingresó a su residencia, donde se halló "la demás sustancia ilícita y todos los otros elementos usados para dosificar la droga y traficarla".
"Es un procedimiento que se ha hecho con estricto respeto y así lo han entendido las policías, a la normativa y las facultades que ellos han tenido", resaltó el fiscal Ramírez.
Según el OS-7, el chileno habría amenazado al teniente a cargo del operativo.
Por la defensa de los imputados, alegaron los abogados Alvaro Pérez y Héctor González, que intentaron que el juzgado declarara ilegal la detención.
Al resolver, el magistrado citó a la Corte Suprema en relación a que la denuncia anónima "debe estar acotada" a que existan instrucciones de la Fiscalía y que las diligencias que se realicen a partir de ella "no impliquen una afectación a los derechos fundamentales".
Pese a que recalcó que en el caso del operativo desarrollado por el OS-7 en Llolleo la legalidad de la detención no estaba dada por la sola denuncia anónima, el juez declaró ajustado a derecho dicho procedimiento debido a la denuncia de la supuesta amenaza al carabinero y al hallazgo de droga en una casa a la que se accedió por medio de la confesión del colombiano.
"Todos estos ejercicios argumentativos podrían salvarse con procedimientos policiales que fueran más apegados a la Constitución y los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema", afirmó Flores.
Formalizados
Declarada legal la detención, Ramírez formalizó al chileno por amenazas contra un carabinero y a los dos imputados por el delito de tráfico de drogas. Detalló que en el automóvil en que viajaban se encontraron 98 gramos de marihuana en una bolsa que estaba bajo la palanca de cambios, además de $1.341.000, y que en la residencia del colombiano se incautaron otros 289 gramos de la misma droga.
Flores explicó que la detención fue declarada legal "con extrema dificultad" y que en el caso del imputado chileno a lo más podría ser condenado por amenazas al carabinero, y que la confesión del colombiano está relacionada solo con su participación en el presunto tráfico de droga.
Por lo mismo, el juez rechazó la medida cautelar de arresto domiciliario total e impuso firma semanal y arraigo nacional para el chileno, mientras que para el extranjero que tuvo, según Flores, "una valiosísima cooperación en este proceso" y que se autoincriminó en el ilícito, se dispuso la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Así los dos imputados quedaron en libertad.
"sin delinquir"
Felices, los dos imputados salieron ayer del Tribunal de Garantía.
El chileno, que vive en San Antonio, dijo a Diario El Líder que "yo no llevaba droga" y deslizó que "a lo mejor el señor policía me tendrá mala porque droga nunca hubo en ese vehículo". Según él, la mañana del sábado iba en el automóvil junto a su amigo colombiano y que portaba esa cantidad de dinero porque compraría repuestos. "Llevo siete años sin delinquir, ahora me compré un camioncito y quiero trabajar en eso y comprar jibia", reveló mientras sus amigos celebraban en el mismo lugar que él hubiese quedado libre y listo para volver a su casa.
El abogado Alvaro Pérez, que defiende al imputado sanantonino, aseguró que los procedimientos ejecutados entre la Fiscalía y el OS-7 no fueron claramente detallados ante el juez y por eso, a su juicio, en la audiencia se cuestionó incluso la validez de la denuncia anónima como herramienta para validar las diligencias policiales.