Acuerdo de Escazú: pacto internacional favorecería el ambiente de la provincia
Este tratado busca acercar a la comunidad y empoderarla sobre su patrimonio natural, principalmente en tres aspectos: acceso a la información, a la justicia ambiental y a la participación pública. ¿Cómo lo ven los ambientalistas de la provincia de San Antonio?
Este 27 de septiembre 14 países de América Latina y el Caribe firmaron el acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Aunque nuestro país copresidió la comisión junto a Costa Rica, ha decidido postergar su firma.
Según consignó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, la razón por la cual Chile no ha suscrito todavía a ese acuerdo internacional es porque "no queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país", haciendo referencia a que no se habría firmado por el litigio pendiente hasta esa fecha en La Haya.
Acuerdo escazú
Este tratado busca acercar a la comunidad en temáticas medioambientales y empoderarla sobre su patrimonio natural, principalmente en tres aspectos: acceso a la información, a la justicia ambiental y a la participación pública.
Según el documento de la Organización de Naciones Unidas ONU, es el Estado quien debería garantizar los tres aspectos del acuerdo, principalmente por el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
Además, se busca resguardar a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, quienes -según afirma el documento- "se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones en América Latina y el Caribe".
Información y justicia
Este punto del acuerdo funcionaría básicamente como la Ley de Transparencia.
En el sitio web del Consejo de la Transparencia, definen a este mecanismo como "el deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregar esta, salvo que exista un motivo de secreto o reserva", por lo que este punto del acuerdo internacional estaría cubierto con la legislación chilena actual.
Otra arista que aborda el acceso a la información, también tiene que ver la generación y divulgación de información ambiental.
Quiere decir: no solo tener acceso a la información ya existente de procesos burocráticos como permisos, proyectos y mediciones, sino generar constantemente nueva información para poder utilizarla como fuente y argumentos de la lucha medioambiental.
Y es que ese es el principal drama de los grupos ambientalistas, la falta de acceso a la información especializada.
La presidenta del Comité Ambiental Comunal de Cartagena, María Ester Moreno, hace referencia a lo difícil que es contratar profesionales para los estudios que surgen desde la comunidad. "Se supone que las organizaciones ambientales tiene que estar al tanto de todo lo que sucede en cuanto a las políticas medioambientales locales, entonces indudablemente que una organización de voluntariado no tiene el tiempo ni los recursos para investigar ni contratar especialistas", dijo.
El presidente del Comité Ambiental Comunal de San Antonio, Ariel Urrutia, tiene una visión similar. La información se entrega en espacios muy reducidos y con poca efectividad: "Se le consulta a la población que rodea a la obra que se realizará, pero como la información respecto a la contaminación se entrega de forma parcelada, la gente termina convenciéndose de que el daño es menor".
Con respecto al acceso a la Justicia Ambiental, Chile ya cuenta con Tribunal Ambiental desde el 2012, uno solo ubicado en el centro de Santiago y con la jurisprudencia en todo el territorio nacional.
Ciudadanía
La participación ciudadana consultiva y vinculante es uno de los puntos que trae el acuerdo de Escazú.
Además de una gran cantidad de organizaciones comunitarias de índole medioambiental, hace unos años el Sistema de Certificación Medioambiental Municipal del Ministerio de Medio Ambiente, impulsa los llamados Comité Ambiental Comunal CAC en cada comuna que tenga aspiraciones a certificarse medioambientalmente.
Estas organizaciones son autónomas, pero trabajan en conjunto con las unidades medioambientales de la comuna, sin embargo, algunos reclaman que la participación ciudadana que les prometieron no fue tan vinculante.
Al respecto, Moreno señaló que "los procesos de participación ciudadana no son tan efectivos, participación desde el adorno, de lo bonito que se ve que la ciudadanía opine. Sin embargo, no es efectivo. No se nos avisa con tiempo ni se nos manda material. No tenemos las herramientas para hacer real el proceso de participación que requieren los proyectos que tengan que ver con el medio ambiente".
El presidente del CAC de San Antonio, comenta que "cuando se trata de políticas ambientales la participación es solo enterarse de qué se trata el proyecto una vez aprobado".
Hasta el momento, el gobierno no ha vuelto a referirse a la firma del acuerdo internacional; sin embargo, Chile fue un país clave en la creación del documento, impulsándolo desde la cancillería junto a Costa Rica.
14 países ya han firmado el acuerdo. Chile no se encuentra en ese grupo.