Catastro identifica a 70 familias viviendo en tomas ilegales en el borde costero
De acuerdo al análisis de Bienes Nacionales, ocupan tres hectáreas de terrenos fiscales a lo largo de la provincia de San Antonio.
Tener las llaves de la casa propia es un sueño que aún muchos chilenos no pueden cumplir. Poseer una segunda vivienda y en la playa, en cambio, es un lujo, uno que varios se pueden dar, pero tomándose los terrenos privados o fiscales.
En el último caso, el Ministerio de Bienes Nacionales ha detectado un aumento de la "ocupación ilegal" en el borde costero, es decir, en los primeros 80 metros más próximos a la línea de marea más alta.
La semana pasada se reveló que en Atacama, por ejemplo, había por lo menos 20 asentamientos de estas características.
La provincia de San Antonio no es la excepción.
Se trata de segundas viviendas para uso recreativo, pero también de ocupaciones para personas que no tienen otro lugar donde vivir.
Gran parte de las construcciones son de material ligero, de baja calidad, y la gran mayoría de estos lugares carece de servicios sanitarios básicos.
Ocupación
Consultado por Diario El Líder, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, indicó que "en la zona costera de San Antonio hemos catastrado cerca de tres hectáreas de terrenos fiscales con ocupaciones ilegales".
En ellas viven alrededor de 70 familias que fueron incorporadas al Plan Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que a nivel nacional pretende erradicar 68 campamentos antes del término del 2018 y entregar viviendas dignas a más de 3 mil familias.
Se busca "dar dignidad y calidad de vida", puntualizó el secretario de Estado. "Regularizar la situación de estos terrenos nos permitirá ordenar y planificar el borde costero", añadió.
Ward manifestó que "los asentamientos irregulares no solo son un gran problema para las familias por no poder acceder a los servicios básicos, sino que también afectan el desarrollo completo de la ciudad, como el turismo, al no tener urbanización".
Fiscalización
Para quienes están en estos terrenos para "veranear", también se está buscando que los abandonen.
La seremi de Bienes Nacionales de la Quinta Región, Rosario Pérez, anunció a Diario El Líder que "estaremos fiscalizando todo el borde costero".
Estas inspecciones se concentrarán en las áreas de balneario.
Pérez agregó que dentro de la "Operación Rescate", que busca la recuperación de propiedades fiscales a lo largo de todo el país, se incluirá el orden del borde costero.
"Los terrenos fiscales pertenecen a todos los chilenos. No es justo que unos pocos ocupen los terrenos que nos pertenecen a todos", finalizó.
Las tomas ilegales no pagan contribuciones y en muchos casos se convierten en focos de problemas de seguridad, para la repartición de agua potable y la recolección de basura.
En Algarrobo, El Quisco y Cartagena ya se han reportado múltiples asentamientos ilegales -no todos en el borde costero- pero sí en terrenos fiscales o municipales.
Según el último catastro del Minvu, que es del 2011, en el litoral hay cinco campamentos en tres comunas. La cifra de familias viviendo precariamente podría ser más alta si se incluyen las tomas.
El año pasado, cuando Diario El Líder reportó la situación, "el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajaba en entregar una solución habitacional definitiva a familias que provengan de campamentos inscritos en el Catastro 2011 del Minvu".
Sin embargo, con el lanzamiento del Plan Nacional de Campamentos presentado en junio pasado, se pretenden actualizar las cifras y erradicar aquellos que aún subsisten.
"En la zona costera de San Antonio hemos catastrado cerca de tres hectáreas de terrenos fiscales con ocupaciones ilegales",
Felipe Ward,, ministro de Bienes Nacionales."
"Estaremos fiscalizando todo el borde costero",
Rosario Pérez,, seremi de Bienes Nacionales"