Karem Pizarro Chacón
El año 2018 ha sido uno de los más difíciles que ha debido enfrentar el coordinador de Seguridad Pública de la Gobernación Provincial de San Antonio, Luis Alberto Talamilla.
En agosto pasado, tras unos exámenes, los médicos le anunciaron que tenía un cáncer de colon en grado 2 que debía tratar de forma inmediata. En septiembre fue sometido a una colectomía y una serie de tratamientos para combatir la dramática enfermedad.
Mientras continuaba en su lucha contra el cáncer, Talamilla se reintegró a sus labores como funcionario público en la gobernación el 22 de octubre pasado, pero el 27 de noviembre recibió una carta en la que se le notificó que su contrato a plazo fijo no sería renovado. Por lo tanto, sus funciones terminan el 31 de diciembre próximo.
Un duro golpe que todavía no sabe cómo enfrentar, puesto que el tratamiento médico continúa y las cuentas asociadas a ello no terminan de llegar.
"Dentro de las facilidades que da el GES (Garantías Explícitas en Salud Auge), me operaron en la Clínica Reñaca, pero a la fecha todavía no tengo respuesta de la cuenta que tendré que pagar adicionalmente a la operación", comenta Talamilla.
Según lo estimado por el funcionario, lo mínimo que espera pagar será alrededor de 1 millón y medio de pesos. "Gracias a la isapre y el GES va a ser mucho menos de lo que realmente sale una cirugía como esa".
Sin embargo, su situación laboral actual no da para pagar ninguna cuenta.
"Ojalá que la cuenta no me llegue ahora a fin de año, porque estar sin trabajo y con una cuenta que no tengo claro de cuánto va a ser, es preocupante", agrega Talamilla.
Por otra parte, su tratamiento será una lucha constante contra el cáncer con controles periódicos. Por el momento debe realizarse chequeos cada tres meses pero, al menos durante cinco años, tendrá que someterse a un estricto tratamiento y seguimiento de salud con especialistas.
Talamilla es casado y tiene dos hijos, por lo que su situación es más compleja. "Ahora en noviembre me tuve que hacer una colonoscopia con una biopsia y gasté como 350 mil pesos más. Eso afecta bastante el presupuesto familiar", puntualizó.
Talamilla, acompañado del abogado de Extranjería Julio Escobar, Gabriel Peña y la dirigenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Soledad Brito, se acercaron hasta las dependencias de Diario El Líder para manifestar su descontento con la determinación de la gobernadora Gabriela Alcalde de desvincular a seis funcionarios.
La Asociación de Funcionarios de la Gobernación Provincial San Antonio (Afgpsa) interpuso un recurso administrativo de reposición al subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, donde argumentan que las motivaciones expuestas en las resoluciones de desvinculación contienen "aseveraciones falsas que no se coinciden con sus evaluaciones de gestión informadas en septiembre".
GOBERNADORA
Diario El Líder se puso en contacto con la gobernadora Gabriela Alcalde para solicitar una declaración respecto a la notificación de seis funcionarios que serán desvinculados al no renovarles sus contratos a plazo fijo, sin embargo la autoridad provincial declinó referirse al tema. Desde abril hasta la fecha, ocho funcionarios de San Antonio que trabajaban bajo la modalidad "a contrata" fueron notificados del término de sus labores.