Caso de joven que murió por el disparo de un policía terminó sin condenados
Madre de Bryan Maturana (20) reclamó que no hubo justicia por el deceso de su hijo. "El castigo fue entregar su dirección al tribunal y darme un dinero, plata que no quiero. Yo quería justicia", afirmó.
En julio de 2016 Bryan Maturana Urra (20) iba como copiloto en un auto que era conducido por su hermano. Mientras marchaba con su sobrina de un año en los brazos, el chofer del vehículo evadió un control policial por no contar con todos los documentos del móvil. Ahí comenzó una persecución policial que se salió de las manos.
Cuando el automóvil de los hermanos Maturana Urra se desplazaba por la Autopista del Sol, un vehículo de la Policía de Investigaciones se sumó a la persecución que originalmente inició Carabineros.
En medio del procedimiento, un funcionario de la PDI abrió fuego contra al auto particular. Dispararon dos veces y una de las balas impactó a Bryan Maturana cerca del cuello, provocándole la muerte.
Al momento del disparo ninguno de los ocupantes del vehículo particular estaba cometiendo algún delito, no tenían antecedentes penales ni portaban algún elemento ilícito.
Lucha
Desde que ocurrió el deceso de Bryan, su madre, Margarita Urra, comenzó una lucha para hacer justicia. Pedía que el detective fuera condenado por el delito de homicidio, lo cual nunca pasó.
Esta semana finalizó el proceso judicial en contra del policía imputado, sin que lo condenaran.
"Sin que yo supiera, el abogado que tenía antes, de Santiago, llegó a un acuerdo con el abogado del policía para cerrar el caso y que quedara en nada. Por eso en el tribunal se acabó todo sin que lo condenaran. Solo lo castigaron con decir cuál era su dirección y con que me pagara un dinero, plata que no quiero. Yo quería justicia", reclamó Margarita entre lágrimas.
La vecina de Bellavista dijo que no se escuchó lo que ella y el resto de la familia querían: que el imputado pagara por homicidio y no por cuasidelito.
En el Juzgado de Garantía se realizó una suspensión condicional del procedimiento, donde los dos únicos requisitos que se solicitaron al imputado, acusado por cuasidelito de homicidio, fueron fijar domicilio y pagar 8 millones de pesos a la familia del occiso, en cuatro cuotas.
"Nunca, jamás, autoricé que se llegara a un acuerdo y menos por plata, porque ofrecieron millones, pero qué me importa a mí la plata, siento que es como vender la muerte de mi hijo", expresó la progenitora con frustración.
Desde 2016 a la fecha, Margarita golpeó una decena de puertas en busca de ayuda. "Fui a la gobernación, a ministerios, a la Fiscalía Regional, le mandé cartas hasta los Presidentes (Bachelet y Piñera), pero nadie me quiso ayudar", narró desconsolada.
Agregó que "peleé, peleé todo lo que pude, porque no me quedé de brazos cruzados, por eso me da impotencia que el homicidio de mi hijo terminara en nada".
Cuando supo que su abogado santiaguino había llegado a un acuerdo con la contraparte, buscó un nuevo representante legal. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El abogado Juan Carlos Rivera tomó la causa recién el mes pasado. Detalló que como querellante apelaron a la suspensión del procedimiento aludiendo a que no se trataba de un cuasidelito de homicidio, sino de un asesinato.
"El Tribunal de Garantía acogió nuestra tesis de homicidio simple, pero la defensa del imputado apeló ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Entonces, ésta revocó la decisión de Garantía y dio lugar a la suspensión condicional del procedimiento", detalló el abogado particular.
La determinación de la Corte de Apelaciones no fue bien recibida por la familia ni por el querellante. "A mi entender dispararle a una persona que va de pasajero en un vehículo sin haber cometido ningún delito, ni estando cometiendo algún ilícito, es un homicidio doloso", dijo Rivera, quien añadió que "no nos pareció que las condiciones impuestas (fijar domicilio y dinero) correspondieran. Ni siquiera quedó firmando".
-¿Se puede realizar alguna otra acción judicial?
-Ya no se puede apelar a la corte.