Corte anuló el juicio por el polémico caso del arsenal hallado en un control vehicular
La causa está relacionada con la detención de dos hombres, en 2018, que viajaban en un automóvil con los vidrios polarizados, y cuya detención fue declarada ilegal por el juez Flores.
El martes 29 de junio de 2018 se escribió la historia de uno de los casos policiales más polémicos del último tiempo en Chile. La madrugada de ese día, Carabineros arrestó en El Tabo a dos hombres que se movilizaban en un vehículo con vidrios polarizados en cuyo portamaletas se halló un verdadero arsenal de armas. Sin embargo, el juez de Garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, declaró ilegal la detención de Manuel Roberto Olivares Maldonado y Nilson Omar Cerda Órdenes.
Para tomar esa decisión Flores esgrimió que los policías efectuaron un control vehicular que excedió su alcance legal y que no podían revisar el automóvil puesto que no existían antecedentes de un hecho delictivo al momento de la detención. "El registro de la caja de maleta y sobre todo la apertura de la maleta (donde apareció el arsenal) no estaban amparados por la Ley de Tránsito y no había ningún antecedente para un control de legalidad de la detención. El tribunal acogió esa tesis", argumentó en entrevista con El Mercurio, en junio de 2018.
Aunque aquella vez, los detenidos no fueron formalizados, meses después enfrentaron un juicio en el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de San Antonio, que el 19 de junio del presente año los absolvió de los delitos de los delitos de porte ilegal de arma de fuego y de receptación que les imputaba la Fiscalía.
El caso generó tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, por cuanto hubo roces y declaraciones de ambos lados que hasta hoy tienen resonancia. De hecho, el mismo Presidente Sebastián Piñera cuestionó desde el principio el actuar del magistrado sanantonino. "Muy grave que juez de Garantía de San Antonio deje en libertad a personas que llevaban en su auto peligrosas armas y municiones. Existen disposiciones legales expresas para evitarlo. Necesitamos que nuestros tribunales apliquen la ley y colaboren con la seguridad de nuestras familias", expresó el Mandatario.
Las críticas de Piñera pasaron a la acción y el Gobierno presentó un recurso de queja contra el juez Flores, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso apoyó al magistrado y no advirtió vicios en su actuación y argumentó que "en ningún caso puso término al juicio ni tornó imposible su prosecución, pues en los antecedentes expuestos por los intervinientes queda claro que el procedimiento siguió su curso". Además, el tribunal de alzada confirmó la decisión de declarar ilegal la detención de Olivares y Cerda.
Recursos
El Gobierno había perdido el primer round, pero siguió como querellante en la causa, de tal forma, que cuando el TOP absolvió a ambos sujetos, sobrevino una nueva derrota para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
No conforme con el dictamen del TOP San Antonio, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, y el Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso sendos recursos para anular el juicio.
"La tercera sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Raúl Mera, Pablo Droppelmann y Rosario Lavín- acogió el recurso deducido, tras establecer falta de fundamento en la absolución de los acusados, por lo que ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados", señala el fallo conocido ayer.
Al respecto, el ministro vocero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera, afirmó que los recursos fueron acogidos "por dos razones: la primera es que los jueces (del TOP) habían decidido que valoraban negativamente la prueba de cargo de la Fiscalía porque había sido obtenida con infracción de garantías constitucionales, entonces la corte dijo que los jueces del Tribunal Oral no pueden volver a revisar la legalidad de una prueba que ya estaba revisada por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones, que habían dicho que esa prueba se había obtenido de manera lícita".
Mera explicó que "además la corte estima que la prueba no es ilícita" y considera "que hay una infracción de ley de parte de los jueces (del TOP) y una equivocación en la interpretación de dos artículos del Código Procesal porque la policía obró en una hipótesis que le permitía tanto el registro del vehículo como la detención de las personas que iban en el interior cuando se encuentran las armas en él".
Todo el proceso para terminar con el nuevo juicio oral podría demorar unos cuatro meses.
"todo parte de cero"
En entrevista con Diario El Líder, el juez de Garantía de San Antonio, Juan Pablo Flores, explicó ayer que ante la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de realizar un segundo juicio oral, existe la posibilidad de que el TOP San Antonio absuelva nuevamente a los inculpados o los condene; en el primer caso ya no habría más opciones de apelar a un tercer juicio, pero en la segunda circunstancia, la defensa podría recurrir de nulidad ante la Corte Suprema. "Esto comienza de cero con un nuevo juicio y eventualmente podemos tener hasta tres juicios", sostuvo al recordar que cada juicio oral de siete días puede costar unas 87 Unidades Tributarias Mensuales, poco más de $4.300.000. Flores admitió que la resolución que él tomó de declarar ilegal la detención de los sujetos "marca el inicio del problema; probablemente de no haber sido cuestionado el procedimiento policial, nada de esto hubiera pasado y se hubiera llegado a una condena súper rápida, pero desde el momento que tenemos un procedimiento policial que está siendo objeto de cuestionamiento, claramente es como la piedra en el zapato de todo el proceso".