En una Asamblea Extraordinaria ampliada los empresarios y operadores de todo el país que participan en la industria de la entretención popular con juegos electrónicos dieron inicio a una etapa de movilización social que busca defender su actividad ante la amenaza de eliminación anunciada por el Gobierno.
Con este propósito, la semana pasada se constituyó una mesa coordinadora nacional que dirigirá la defensa de los derechos de la entretención popular.
La mesa coordinará las distintas Comisiones de Trabajo formadas para la acción común de lograr una regulación transparente y justa que permita garantizar la seguridad y la fe pública de los chilenos en torno a esta industria; y que ponga fin a la inseguridad e incertidumbre que genera la persecución constante que promueve el monopolio de los juegos de azar.
Los dirigentes de Fiden AG, que agrupa a pequeños empresarios y dueños de locales del país y promotora de esta unión nacional,llamaron a sus socios a la calma y a la confianza que da "la verdad de constituir una industria que da sustento y empleo directo a más de 220 mil familias chilenas", agregando que "el fenómeno social y económico que se genera en torno a las más de 700 mil tragamonedas populares que hay en Chile no puede ser prohibido en beneficio de unos pocos, sino regulado, con sentido de bien común".
Carlos Clavijo, presidente del Gremio, señaló que "en esta nueva etapa de movilización no cesaremos los esfuerzos para convencer a la autoridad que la prohibición de los tragamonedas refleja un total desconocimiento de la realidad social y que sólo conducirá a emplazar esta actividad en la clandestinidad. Defenderemos el derecho a la entretención de todos los chilenos".
millonarios pagos
El asesor técnico de Fiden AG y ex superintendente de Casinos, Francisco Leiva, al explicar detalles de la propuesta de regulación hizo hincapié en la necesidad de reconocer una realidad económica y social que sólo por pago de impuestos genera al Fisco una suma que sobrepasa los $16.440 millones al año.
Agregó que la propuesta de regulación incorpora además un impuesto específico al juego del 5%, monto que ingresaría directamente a cada municipio generado $17 mil 500 millones de pesos anuales por este concepto. Llamó a establecer claramente las diferencias entre máquinas de azar, de destreza y de premio programado o Clase B, que es la definición técnica de las tragamonedas populares.
En la asamblea de los comerciantes de tragamonedas, hizo uso de la palabra el diputado Juan Luis Castro (derecha), quien dio a conocer el Proyecto de Acuerdo Pro Regulación firmado por 18 diputados que busca "solicitar al Presidente de la República se regule esta actividad que hoy se encuentra sujeta a diversas interpretaciones que crean un clima de inseguridad jurídica".
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