El 22 se septiembre de 1973 seis líderes sindicales y políticos sanantoninos engrosaron la triste lista de ejecutados del gobierno militar.

El caso se recuerda como el "asesinato de los estibadores", donde los más emblemáticos fueron el secretario regional del Partido Socialista (PS), Raúl Bacciarini Zorrilla; el militante DC y presidente del Sindicato de Estibadores, Guillermo Álvarez Cañas; el socialista y director del Sindicato de Estibadores de San Antonio, Armando Jiménez Machuca; el dirigente de los Estibadores y militante del PS, Samuel Núñez González; el dirigente nacional del Sindicato de Estibadores y secretario de la Federación Internacional del Transporte, militante del PC y secretario internacional de la Confederación de Trabajadores del Transporte, Héctor Rojo Alfaro; y el obrero y militante del PS, Fidel Alonso Bravo Álvarez.

Según la versión oficial emitida por el jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de San Antonio y comandante de la Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verdes, Manuel Contreras Sepúlveda, contenida en el Bando Nº 26, los detenidos "eran trasladados desde San Antonio al campo de prisioneros de Bucalemu, y a raíz de una falla mecánica del vehículo que los transportaba, trataron de escapar, siendo reducidos por armas de la patrulla que los custodiaba".

No obstante, la investigación que se realizó para el informe Rettig determinó que los dirigentes fueron obligados a bajar del camión y los acribillaron. Los torturadores y asesinos fueron procesados por estos crímenes. El ministro a cargo del proceso no aplicó ni la amnistía ni la prescripción por el paso del tiempo, considerando que se trató de delitos de lesa humanidad.

Informe Médico

El funcionario del Servicio Médico Legal de la época en San Antonio era Luis Sepúlveda Carvajal, quien recibió los cuerpos de los seis muertos.

Sepúlveda fue tomado prisionero luego de que afirmara en el informe de defunción, que los cuerpos tenían heridas atribuibles a bayonetas con cortes en distintas partes y con signos de evidente maltrato. Fue acusado de falsear las conclusiones del primer informe con graves calumnias para el Ejército.

El actual presidente del Comité Educacional de Derechos Humanos en San Antonio recuerda lo sucedido en aquellos días:

"El día 23 de septiembre llegó una ambulancia del hospital a buscarme porque el doctor Berdychesky me necesitaba. Cuando llegué tomé el oficio de la fiscalía, entré a la morgue y vi los cuerpos. Poco a poco fui reconociendo a algunos. Fui impactante ver el estado en que venían esos cuerpos. En esa época ya llevaba 10 años de trabajo y había visto cuerpos destrozados por accidentes de trabajo en el ambiente portuario, marítimo, de la industria maderera, entre otros, pero nunca algo como lo que les sucedió a esas seis personas que, además, yo conocía".

"Fueron prácticamente despedazados a bayonetazos, pero el informe no llegó a ninguna parte. Hasta la copia que guardábamos para el archivo y la de las estadísticas se las llevó el militar que vino a buscar los informes. Esa misma noche se llevaron al doctor Julio Berdychosky, encapuchado a Tejas Verdes, y bajo amenazas de muerte lo hicieron firmar el informe redactado por ellos donde obviamente se cambiaba toda nuestra versión", recuerda Sepúlveda.

Años después el informe Rettig ratificó lo que los profesionales del Servicio Médico Legal de San Antonio habían concluido en un primer momento.

VERSION INCREÍBLE

Sepúlveda explica que era imposible creer la versión de que todos los dirigentes intentaran huir por las condiciones en las que se encontraban ya que algunos de ellos fueron sacados en camilla debido a las torturas. Otro estaba convaleciente de una operación. "El mismo informe Rettig ratificó lo que nosotros informamos: los balazos a la misma altura en el tórax eran imposibles, siendo que todos tenían distintas estaturas lo que hace totalmente imposible que al huir le dispararan y recibieran las balas a la misma altura".

Agrega que "ellos murieron desangrados por los bayonetazos, por lo tanto los balazos no dejaron ningún signo de trauma. Los tiros fueros post mortem, a la misma altura. Los pusieron boca abajo y les dispararon una ráfaga de metralleta y pensaron que todos iban a creer que de verdad intentaron fugarse".

Viuda de Jiménez

Eliana Ojeda Román, viuda del dirigente Armando Jiménez, es una de las fundadoras de la agrupación de Derechos Humanos en San Antonio.

Recuerda que el 22 de septiembre de 1973 comenzó el día junto a su marido y tres hijos, tan normal como tantos otros. A él no le tocaba ir a sindicato, por lo que se fue con su hijo menor a la parcela que tenían en Santo Domingo, la que arrendaban para la siembra.

"A las 3 de la tarde llaman del sindicato preguntando por Armando, no termino de hablar y miro por la ventana y tenía la casa rodeada de militares. El que venía con ellos era el reportero Roberto Araya Silva, muy conocido de la casa, siempre lo ayudamos con cosas que pedía, por ejemplo cuando era el aniversario de la radio Sargento Aldea, pedía cooperación del sindicato y siempre recibió ayuda", recuerda.

Eliana continúa: "Él (Araya) me preguntó por Armando, yo le dije que andaba en Santo Domingo y me dijo: "cuando llegue que se vaya a presentar a Tejas Verdes. Al poco tiempo llegó mi marido y mi hijo que en ese entonces tenía 10 años, con pasteles para la hora del té. Hacía frío. Él salió y dijo que volvería a tomar once. Nunca pensamos que podía pasarle algo malo, porque él jamás hizo nada. Por eso mismo fue voluntariamente a Tejas Verdes".

A las 10 de la noche, Eliana Ojeda llamó a Roberto Araya Silva, quien le señaló que no se preocupara, que a su marido lo estaban interrogando y que luego lo irían a dejar. "Después, según el informe del Médico Legal, supe que mi marido ya estaba muerto cuando este hombre me insistía que lo irían a dejar", rememora la viuda con dolor.

Esa noche se durmieron esperando y a las 9 de la mañana del día siguiente, una de las hermanas la llamó para darle la mala noticia que habían matado a los dirigentes. "Cuando comenzó a llegar mucha gente a la casa, recién empecé a entender que era verdad lo que estaba pasando".

A Eliana le reconforta, por lo menos, haber podido enterrar el cuerpo de su marido, a diferencia de otros casos, donde no recibieron nada de sus seres queridos. Después de un tiempo, una sobrina quiso llevársela a ella y a sus tres hijos a vivir en España, otros amigos de Ecuador también, pero ella nunca quiso marcharse de San Antonio.

"Preferí quedarme y luchar. Pasó un tiempo y armamos la Agrupación de Derechos Humanos en San Antonio con la ayuda de mucha gente. Es importante que se hable de la historia, de lo que pasó aquí. Hay mucha gente que no sabe o que no cree. Es importante que se hable de los desaparecidos de San Antonio, nunca escucho nada sobre ellos como lo hacen familiares de desaparecidos en otro lugares y es triste eso", finaliza.

Roberto Araya Silva era locutor en San Antonio. Conoció al "Mamo" Contreras antes del golpe y este lo envió a TVN, donde llegó a leer en el noticiero central y a apoyar los montajes y los crímenes de la Dina a través de los noticieros. Es el único periodista que fue expulsado del Colegio por encubrir seis asesinatos. Roberto Araya llegó a ser director de Prensa de TVN. Falleció hace pocos meses.

"Poco a poco fui reconociendo a algunos. Fui impactante ver el estado en que venían esos cuerpos. Luis Sepúlveda, funcionario del Servicio Médico Legal en septiembre de 1973.

"A las 3 de la tarde llaman del sindicato preguntando por Armando, no termino de hablar y miro por la ventana y tenía la casa rodeada de militares" Eliana Ojeda Róman, viuda de Armando Jiménez