Trabajos de mantención, aseo, e incluso dictar clases en organizaciones sin fines de lucro, son algunos de los nuevos "castigos" que tendrán que cumplir aquellas personas condenadas a sanciones menores. Desde el año pasado, Gendarmería se está preparando para poner en funcionamiento estas nuevas penas alternativas que estableció la Ley 20.603 y entre ellas, está la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Esta pena sustitutiva contempla que los condenados a sanciones menores o iguales a 300 días y aquellos que tengan acceso a sustituir multas, colaboren de forma gratuita en lugares donde se necesite colaboración. Sin embargo, esta especie de beneficio no aplicará para condenados por delitos vinculados a la Ley de Drogas.

Según detalló a La Estrella Andrea Castillo, jefa del Departamento de Reinserción Social en el Sistema de Gendarmería, poner en marcha esta reforma implicó la contratación de 120 delegados a lo largo del país, entre sicólogos, sociólogos y profesionales de las ciencias sociales, para hacer el seguimiento del control de ese servicio comunitario.

Este tipo de penas debería entrar en vigencia el 27 de diciembre, plazo legal en que se cumple el tiempo de vacancia de la ley. En ese período, se han realizado contrataciones, capacitaciones y la compra del equipo necesario para su implementación. Ayer, Gendarmería presentó 41 vehículos para el control de estos servicios en terreno, lo que significó un gasto de $500 millones.

La ayuda que presten los condenados irá destinada a entidades sin fines de lucro y consistirán, por ejemplo, en trabajos colaborativos y de mantención, "e inclusive, según el perfil del nivel de experticia de las personas, podrían desempeñarse haciendo horas de capacitaciones", explicó Castillo. Será el juez quien determinará la cantidad de horas, derivando los casos a Gendarmería, donde un delegado de la institución hará una entrevista para ver las competencias y dificultades de cada persona. Luego, se determinará cuáles son los cupos de trabajos disponibles.

Castillo además reveló que en 2014 se podrían implementar trabajos grupales, por ejemplo, para ir a arreglar una plaza, "pero va a depender de las comunidades". Además, destacó que ya han firmado convenios con instituciones, como el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile y la Fundación para la Superación de la Pobreza, y con algunos municipios, como Antofagasta y Ovalle.

Christian Vittori, en tanto, vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, destacó la iniciativa y contó que incluso en el municipio que él mismo dirige, Maipú, han tenido reuniones con Gendarmería.

La reclusión parcial y la libertad vigilada intensiva también son nuevas penas sustitutivas y para ellas se implementará el famoso brazalete electrónico. La segunda, va orientada a los delitos sexuales y de agresión familiar, en que se necesita mayor control, de ahí la necesidad de utilizar este brazalete que permite monitorear. Estas penas no pueden aplicar en caso de delitos graves como secuestro, homicidio, violación y sustracción de menores, entre otros.

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