A yer los concejales de San Antonio se pronunciaron acerca de la situación que vive la comuna puerto respecto al paro portuario.

Junto con manifestar su apoyo y solidaridad con los trabajadores portuarios, los ediles informaron del acuerdo que tomaron de no se llevar a efecto "ninguna sesión de la Comisión relacionada con la modificación al Plan Regulador Sector Norte y Sur del puerto que ha sido solicitada por la Empresa Portuaria, mientras persista esta actitud ante los trabajadores y nuestra ciudad".

Otra de las observaciones que repudiaron fue la "desmedida presencia policial" en la ciudad.

"Nos parece impresentable la cantidad de fuerzas especiales llegadas a San Antonio. La autoridad política que tomó la decisión de dar autorización para que vinieran, está dándole un desprestigio tremendo a San Antonio ante el país", dijo el concejal Esteban Hinojosa ayer en el edificio consistorial.

Los concejales Maximiliano Miranda, Esteban Hinojosa, Fernando Núñez y Ricardo García Vera leyeron una declaración pública oficial que se acordó emitir para fijar su posición en el tema.

"Están tratando de criminalizar un movimiento pacifico de los portuarios", agregó Hinojosa.

Además criticaron la actitud de la gobernadora provincial, Karen Pichunante, por marginarse de este conflicto argumentando que no tiene atribuciones, ni poder para ayudar a solucionarlo, en circunstancias que es representante del Ejecutivo en la zona.

"Ella dice que no tiene las facultades para dialogar cuando anda inaugurando colegios del Ministerio de Educación, para los que tampoco debería tener facultad. Cuando ella anda en helicópteros de la Conaf ante incendios forestales que tampoco debería tener facultades", indicaron.

También precisaron su respaldo "a las legítimas demandas de los trabajadores portuarios de San Antonio y de todos los puertos del país respecto del derecho a la alimentación y el descanso dentro de la jornada laboral".

Dentro de los acuerdos informados por los concejales emplazaron al Gobierno a que "ejecute sin más dilación el compromiso de hacer cumplir el pago retroactivo que no se ha cumplido".

La resolución fue expuesta por los cuatro concejales presentes, quienes precisaron se había sumado el concejal Danilo Rojas en la sesión donde se adoptó el acuerdo.

Luego agregaron otras aseveraciones, resaltando entre ellas el acusar a la empresa Puerto Central estar ocupando personal no autorizado legalmente para trabajar en el recinto portuario y exigir que ello sea fiscalizado por la Gobernación Marítima.