Durante la semana pasada el Gobierno presentó 24 indicaciones al proyecto de ley de reforma educacional, las que serán debatidas este 23 de septiembre en el Congreso.
Entre las principales modificaciones planteadas por el Ejecutivo, una de la que más llama la atención es que el sostenedor ya no será sólo un administrador, sino que se transforma en un 'cooperador del Estado', lo que permite que reciba una 'adecuada remuneración' por sus servicios. Además, se establece que los recursos que recibe puedan ser utilizados para la compra del inmueble del establecimiento.
Otro de los elementos que se introduce en las modificaciones es que los colegios particulares y subvencionados ya no sólo serán organizaciones sin fines de lucro tradicionales, sino que se introduce la figura de las 'corporaciones educacionales'.
Para Mario Aguilar, prosecretario nacional del Colegio de Profesores, 'la formalidad jurídica de convertirse en una entidad sin fin de lucro no garantiza que esto realmente pase, el mejor ejemplo son las universidades privadas que han sido un negocio espectacular. Con esta nueva indicación el fin al lucro se relativizó aún más', dijo.
'Creo que se está haciendo lo correcto porque se está poniendo en primer lugar fin al lucro, la selección y el copago. Hay un elemento que no se menciona y es que los recursos excedentes que se entreguen a los sostenedores deben ser invertidos en educación', señaló el director provincial de educación, Luis Mariano Palacios.
Las modificaciones a la reforma educacional también introdujeron cambios respecto al arriendo de las propiedades donde se ubican los colegios. En la nueva propuesta, se establece que los colegios que no sean dueños de las propiedades pueden tenerlas en comodato por a lo menos 20 años. Para las personas jurídicas sin fines de lucro que estén arrendando la propiedad hasta los primeros meses de 2014, se establece que podrán seguir haciéndolo en las mismas condiciones.
Además, se permite a quienes abran un colegio subvencionado puedan comprar una propiedad en un plazo de hasta 25 años.
Sobre las compras de los establecimientos por parte del Estado, en las modificaciones se aclara que sólo se comprarán aquellos en que sea estrictamente necesario para 'garantizar el derecho a educación'.
También se realizan modificaciones respecto a la selección, estableciendo que los padres podrán postular a un colegio que les interese, no a un sistema centralizado que era la idea planteada en el proyecto original.
Continúa la prohibición de pruebas o entrevistas de selección, pero se permiten 'reuniones informativas', que logran informar a las familias sobre el proyecto educativo del establecimiento.
'La selección es nefasta si el criterio es la raza, el dinero o la clase social. La única selección que acepto es la que los papás estén de acuerdo con el proyecto del colegio', explicó el padre Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado y experto en educación.
En el proyecto original, se restringía la expulsión de los alumnos, pero las modificaciones establecen que se puede realizar 'con un debido proceso'. J
l Las modificaciones presentadas durante la semana pasada también se refieren a las mensualidades pagadas por los padres en los colegios subvencionados.