El alcalde espera que el Centro de la Memoria aborde el contexto histórico
Una mezcla de llanto y alegría se calcó en los rostros de las personas que al mediodía del miércoles recibieron, en las afueras de un edificio en Santiago, la confirmación de que el Consejo de Monumentos Nacionales había aprobado declarar como monumento histórico al lugar donde, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, funcionó el centro de torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) en el balneario de Santo Domingo, frente a la playa Marbella.
Ana Becerra, presidenta y creadora de la Fundación por la Memoria San Antonio, estuvo detenida y fue torturada en ese sitio. Ella, que el miércoles esperó ilusionada la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales, ha liderado la campaña destinada a recuperar esos terrenos para que allí se construya un centro de educación de Derechos Humanos.
Según Ana Becerra, este es un paso importante para levantar el proyecto de sitio o centro de la memoria en ese lugar. Pero para que eso ocurra, aún deben cumplirse varias etapas.
"Después que el documento tenga la firma del ministro de Educación, pasará a Bienes Nacionales, que debe hacer enajenación o compra del terreno (que pertenece al Ejército) y luego Monumentos Nacionales debe hacer el levantamiento arqueológico, la denominación de las estructuras existentes y los vestigios que quedan y que pueden ser o no intervenidos", explicó.
Esta fase podría demorar al menos seis meses, periodo tras el cual la misma Fundación por la Memoria iniciará la tarea de conseguir los fondos para construir el edificio que albergará al Centro de la Memoria.
"Nuestro principal objetivo es crear allí un centro de educación de los Derechos Humanos, lo que implica que haya salas y un auditorio. También queremos tener una biblioteca, con libros y archivos audiovisuales. Pretendemos hacer un parque de las artes e incluso dejar una parte del terreno para un recinto de veraneo de los trabajadores, tal como era cuando las cabañas fueron entregadas", dijo Becerra.
contexto
El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, dijo que acatará la determinación del Consejo de Monumentos Nacionales, pero pidió que el Centro de la Memoria pueda tener "un desarrollo armónico con lo que hay en ese sector, de tal forma que sea algo característico de Santo Domingo, bien terminado y bien hecho". Esto, según él, debe significar que se mantenga el carácter ecológico que tiene la zona donde está dicha propiedad, a un costado del Humedal del Maipo.
Así también Rodríguez admitió que cree que el Centro de la Memoria debe ser similar a los que existen en Europa para recordar "las tragedias que han ocurrido".
"Si realmente queremos que no ocurra nunca más, creo que hay que ponerlo en un contexto histórico, donde por una parte rescatemos la memoria de los detenidos que puedan haber habido en el lugar, pero también hay que ver el contexto y por qué llegamos a eso", dijo el alcalde. J
l Ayer, el Ministerio de Defensa removió a su representante que se opuso a que el ex cuartel Rocas de Santo Domingo de la Dina fuera declarado Monumento Nacional y Sitio de Memoria por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Dicho ministerio expresó que "lamenta la posición inconsulta adoptada por el representante de esta cartera ante el Consejo de Monumentos Nacionales el día 12 de noviembre (...) la cual representa solo la opinión personal del representante".
"Por tal razón, el coronel Eduardo Villalón Rojas ha sido relevado de su condición de representante de este Ministerio, que data de fecha 12 de mayo de 2012. Su reemplazo será comunicado oportunamente", informaron.
l Previo a la votación del Consejo de Monumentos Nacionales, el Ejército se opuso a la denominación de monumento histórico para las cabañas de Santo Domingo, que la institución castrense pretendía vender. "Con los recursos que se obtengan de su venta se tiene previsto renovar viviendas de muy larga data y que actualmente están siendo ocupadas por personal del cuadro permanente y sus familias en la Región de Magallanes", explicó la institución.
Bajo dictadura, dichas cabañas operaron como cuartel de la Dina, aunque estas fueron construidas por el gobierno de la Unidad Popular para que allí pudieran pasar las vacaciones los trabajadores y sus familias.