Aunque sin entregar el detalle de quiénes y cuántas serán las nuevas personas, el fiscal que lleva la investigación por el caso Penta, Carlos Gajardo, informó ayer que esta semana habrá nuevas formalizaciones ligadas a la arista política del hecho.

El listado podría incluir al ex gerente general del holding, Hugo Bravo, quien ya prestó declaraciones y que, según él, se encargaba de pagar el dinero a los candidatos que definían los socios del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que serán imputados por fraude tributario y cohecho.

"La Fiscalía está afinando una segunda solicitud que será presentada en el curso de la semana. Se notificará oportunamente al tribunal, que es el primero que tiene que estar en conocimiento y a los imputados, que son los principales interesados en conocerlo", dijo ayer Gajardo.

Sobre futuras diligencias, informó que si bien aún no se toma ninguna decisión, cuando se hagan los trámites se realizarán bajo reserva.

Sobre el allanamiento de las oficinas de Soquimich el viernes, el fiscal dijo que se está revisando el material y recordó que para indagar a otras empresas el Servicio de Impuestos Internos (SII) debe demandar o querellarse.

Gajardo, que lleva la causa que investiga supuestas boletas falsas emitidas por diferentes políticos, la mayoría ligado a la UDI, para sus campañas, participó ayer en la audiencia de preparación de juicio oral por el fraude al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), la otra arista de este caso, y que apunta a reducir el pago de impuestos.

El juez Marcelo Rojas decidió aplazar la diligencia para el 23 de febrero, pues hubo un cambio en el defensor de Mitzi Carrasco, ex funcionaria del SII e involucrada en la causa.

Además el magistrado negó la petición del contador Juan Carlos Prieto y el ex funcionario del SII, Iván Álvarez, considerado el cerebro del fraude al FUT, de quitar las medidas cautelares, por lo que ambos continuarán en prisión preventiva.

Inhabilitación

Un grupo de estudiantes secundarios y universitarios llegó ayer a la sede de la UDI, en Providencia, para solicitar que los parlamentarios de ese partido que se encuentran involucrados en el caso Penta se inhabiliten de votar reformas.

La vicepresidenta de la Fech, Javiera Reyes, dijo que "hay un claro conflicto de intereses y, por ello, no pueden decidir sobre la educación". J

l La hija del alcalde de Alto Hospicio, Eliett Galleguillos, y cuatro funcionarios municipales aceptaron ayer su responsabilidad por el delito de fraude, tras reconocer que obtuvieron aportes estatales para viviendas sociales de manera ilegal. Con ello lograron la suspensión condicional del procedimiento.

Las irregularidades se cometieron entre febrero de 2005 y noviembre de 2008. Los imputados proporcionaron información falsa en las Fichas CAS II y Fichas de Protección Social para postular al Fondo Solidario de la Vivienda en Iquique, en el llamado de junio de 2007, que estaba dirigido al quintil más pobre de la población.

Con ello cada uno de los formalizados obtuvo un subsidio estatal de 330 UF para la adquisición de una vivienda social en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. J

l Completamente conmocionados despertaron ayer los argentinos al saber que el fiscal Alberto Nisman, que pocos días antes había denunciado a la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento a los acusados del atentado a la mutual judía Amia perpetrado en 1994, estaba muerto. El hombre fue hallado en el baño de su departamento con una bala en la sien, a la altura de la oreja derecha y una pistola en el suelo. Las causas aún se investigan.

Según el primer informe de autopsia, con un 99% de seguridad, el disparo se produjo por esa arma.

Nisman, la semana pasada, dijo en una entrevista que sabía que este caso podría costarle la vida. Sin embargo, el canciller Héctor Timerman aseguró que Argentina tiene los medios para esclarecer la muerte. J

l La Presidenta Michelle Bachelet presidió ayer la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York. En su discurso, la Mandataria abogó por la inclusión social como un mecanismo para reducir el terrorismo o el crimen organizado en los países en conflicto.

"Para enfrentar estos nuevos desafíos debemos adoptar un enfoque multidimensional que permita dar cuenta de las causas que subyacen tras aquellas amenazas, entre ellas las tensiones socioeconómicas, de género, éticas, tribales, religiosas o ideológicas que puedan tener impacto local, regional o global", dijo. "La frustración y rencor crean las condiciones propicias para la radicalización", agregó. Además dijo que una condición necesaria para alcanzar la paz social es acortar las brechas sociales. J