"La gente tiene hambe. Son 52 días sin trabajar. Somos gente de trabajo, no millonarios", gritó ayer uno de los socios de la Federación de Trabajadores Portuarios de Costanera Espigón (Fetraportces) que, afuera del cuartel de la Primera Comisaría de Carabineros, esperaba a los 18 compañeros suyos que habían sido detenidos por Carabineros a primera hora en las inmediaciones de la Plaza de Barrancas, en la avenida Barros Luco.

Entre los que fueron arrestados estaba el líder de Fetraportces, Diego Silva, quien recalcó que pese a que se les acusó de provocar desórdenes, sus trabajadores no cometieron ningún delito.

Tras estar detenidos desde las 08.30, 12 de los 18 trabajadores fueron liberado pasado el mediodía sin cargo alguno. Los otros seis fueron llevados esposados hasta el Tribunal de Garantía de San Antonio.

En la audiencia, la jueza Carolina Cerna determinó que era legal la detención de todos los imputados.

El fiscal de turno, Juan Ignacio Sepúlveda, no formalizó cargos en contra de los seis socios de Fetraportces, sino que aplicó el requerimiento de procedimiento simplificado, lo que se verá en una audiencia fijada para el próximo 14 de mayo.

En su exposición ante la magistrado, el fiscal Sepúlveda afirmó que Eduardo Muga Jacob, Francisco Salgado Ruminot y Luis González Salgado fueron detenidos por "provocar graves desórdenes en la vía pública" con el fin de impedir que los trabajadores subieran a los buses de Puerto Central. Estos hechos, según el abogado, corresponden al delito de desórdenes públicos.

Así también el fiscal requerió en procedimiento simplificado a Alfredo Rubio Plaza y José Neira Parra por las supuestas amenazas de muerte que habrían proferido en contra del trabajador Juan Quintero Ferrada.

"Estas amenazas también (Alfredo Rubio) las profirió junto al imputado José Neira Parra, quien le señaló a la víctima ´estás cocinado CTM, te vamos a matar perro culiao (sic)", detalló el representante de la Fiscalía.

Sobre el imputado Claudio Farías Ramírez, José Luis Sepúlveda sostuvo que se le requirió por amenazar con agredir a la subgerenta de Recursos Humanos de Puerto Central, Marcela Araneda Vásquez.

El abogado defensor, Salvador Wasserman, dijo en la audiencia que existen videos que descartan la participación de los trabajadores en los actos descritos por el Ministerio Público, e incluso ellos mismos intentaron explicarle a la jueza que jamás cometieron los delitos que les imputan.

El fiscal pidió una pena de 540 días más una multa de 4 UTM para cada uno de los seis imputados.

La definición de los seis casos se verá el próximo 14 de mayo, cuando tengan que admitir responsabilidad en los hechos o en definitiva opten por ir a un juicio oral.

La jueza Cerna dio la orden para que todos quedaran en libertad, aunque les recalcó que deben acudir a la próximo audiencia, pues de lo contrario se emitirá una orden de arresto en su contra.

El timonel de Fetraportces, Diego Silva, quien ayer denunció que su casa fue baleada (ver en página 3), aseguró que Carabineros lo detuvo junto a otros trabajadores tras realizarles un simple control de identidad. "Estábamos en la vereda conversando con los dirigentes de la empresa Belfi", explicó el timonel.

Hasta anoche, los ejecutivos de Puerto Central no se habían pronunciado sobre los hechos que ocurrieron en las últimas horas. Ayer, el terminal funcionó a media máquina. J

l En la audiencia de ayer, la jueza Carolina Cerna autorizó a la prensa presente para que tomara fotografías de los imputados sin enfocar los rostros de ellos.

Sin embargo, al final de la audiencia, el periodista de Diario El Líder, Rodrigo Ogalde, que fotografió por la espalda a los trabajadores, fue amenazado por uno de ellos con ser agredido y con romper su equipo de trabajo.

Diario El Líder rechaza este amedrentamiento a uno de sus periodistas, por cuanto no existía una orden que impidiera tomar fotografías en el tribunal, sino que había una restricción que nuestro medio cumplió.