Hace un par de días Oscar Salas denunció que en el fundo La Marquesa había un grupo de bolivianos trabajando en paupérrimas condiciones laborales. Y no mentía. Hasta el sector de Leyda llegó la Inspección del Trabajo de San Antonio y la misma gobernadora Graciela Salazar para constatar los hechos.
Los inspectores confirmaron que los extranjeros, para ser precisos un matrimonio boliviano, vivían en condiciones infrahumanas. Así que decidieron cursarle una infracción al dueño del predio. Pero el propietario del fundo, de 580 hectáreas, es la madre de Oscar Salas, quien puso la denuncia. Pero esto tiene una explicación.
La madre de Salas le arrendó, en un valor de 12 millones de pesos anuales, el fundo La Marquesa a Claudio Armijo por 10 años, a contar de 2003. Iba todo bien hasta que comenzaron a aparecer los primeros problemas.
Oscar cuenta que "hace algunos años cuando querían cerrar los vertederos de Cartagena, este señor Armijo ofreció los terrenos de mi madre para ocuparlos como vertedero. Usted entenderá que eso es inaceptable, porque él estaba cediendo algo que no era de él".
El otro problema se suscitó en 2011, cuando en el mismo fundo "encontraron a un grupo de peruanos trabajando de manera ilegal. Ellos (la familia de Armijo) se dedican a la plantación de frutillas y en este último tiempo a tener animales", agrega.
Pese a estos problemas legales que afectaron a Armijo, Salas decidió junto a su madre seguir adelante con el contrato, hasta que finalmente llegó el 2013.
"Un mes antes que se cumpliera el día final del contrato, le enviamos una notificación escrita a Claudio. Sin embargo, cuando se cumplió el plazo se negó a abandonar el fundo. Y 15 días después pidió derechos mineros sobre el terreno. Así que iniciamos un juicio arbitrario", describe.
Como detalla Salas, "él contrademandó diciendo que hizo mejoras en el fundo y que equivalen a 1.200 millones de pesos. Efectivamente hizo arreglos que los tasaron en $60 millones".
Finalmente, y como cuenta Salas, los jueces estimaron que el contrato había concluido y el arrendatario tendría un plazo de 30 días para abandonar el lugar. Además, no habría pago por las mejoras realizadas.
Esa sentencia se dictó el 2014 y desde ese entonces que Claudio Armijo no ha abandonado el fundo. Hoy Oscar Salas y su madre están a la espera de que la Corte de Apelaciones tome su caso y ordene la ejecución de la resolución que no se cumplió y que tiene a estos dos sanantoninos sin poder ingresar a su fundo. J