Luego de ocho horas, la audiencia por el caso de la tragedia de Tur-Bus terminó sin penas ni castigos. Los ocho imputados por la muerte de 20 personas ni siquiera deberán firmar periódicamente. Uno de ellos pidió disculpas mientras los otros reían. Tal vez eran los nervios o la alegría de salir libres de toda culpa. Así fue la jornada que revivió el dolor de los familiares de las víctimas.

No habrá juicio

Cuatro años, nueve meses y nueve días han pasado desde la tragedia más grande que recuerde San Antonio. 20 personas, la mayoría de ellas nacidas y criadas en el puerto, se encontraron con la muerte en el kilómetro 45 de la Autopista del Sol.

Según un informe de la Universidad Federico Santa María, una falla en la dirección de la máquina de la empresa Tur-Bus desencadenó el accidente que también dejó 19 heridos de diversa consideración. El relato de los sobrevivientes, el informe de la Siat de Carabineros y un peritaje de la Universidad Federico Santa María apuntan a una sola causa probable: fatiga de material del bus, el que habría experimentado vibraciones extrañas antes de que el chofer perdiera el control del vehículo, que luego cruzó el eje de la calzada de la ruta e impactó frontalmente con un camión.

Todos estos antecedentes fueron ignorados ayer por el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, donde, a pedido de la Fiscalía de Talagante, se acordó una "suspensión condicional" del proceso que echó por tierra el sueño de las familias de las víctimas: verdad y justicia.

La jornada fue larga, mucho más de lo esperado. La audiencia se extendió por más de ocho horas en el Centro de Justicia de Santiago y concluyó con los ochos imputados, todos encargados del mantenimiento de las máquinas de Tur-Bus, exentos de toda responsabilidad penal por el caso.

indignacion

El fiscal Heriberto Reyes abrió los alegatos. Luego fue el turno de los defensores, quienes estaban completamente de acuerdo con lo solicitado por el representante del Ministerio Público. Según las familias, el acuerdo se habría fraguado mucho antes en completo secreto. Pasadas las 17.30, el juez de garantía Francisco Javier Vera González leyó su decisión ante la indignación de las familiares de las víctimas, quienes eran escoltados por una veintena de gendarmes.

"Este tribunal acepta la suspensión condicional", pronunció y agregó bajo qué términos: la empresa deberá pagar una suma de $988 millones a la totalidad de las víctimas o sus familiares.

Mediante un vale vista recibirán un monto compensatorio dependiendo de las lesiones con que resultó casa pasajero, o en caso de muerte, sus representantes. Por cada fallecido entregarán $57 millones; los sobrevivientes con heridas graves gravísimas tendrán $69 millones; quienes hayan resultado con lesiones graves, percibirán 19 millones; y los con lesiones menos graves, $12 millones.

Además, Tur-Bus deberá financiar un seminario sobre la seguridad en transporte de pasajeros y los imputados deberán tener un domicilio conocido por el tribunal. El magistrado consideró que la firma mensual pedida por los querellantes "es una medida excesiva", y por último, uno de ellos debió pedir disculpas.

El imputado Gonzalo Andrés Marambio leyó: "En nombre de mis compañeros de trabajo, quiero expresar a todas las víctimas (…) mi profundo pensar por las consecuencias de este accidente. (…) Para nosotros no es fácil el recuerdo del accidente y esperamos que no vuelva a repetirse".

Su discurso fue acompañado por repetidos gritos en contra del fiscal Reyes. "Vendido", le dijeron. Él no se inmutó. Paralelamente, decenas de personas estallaron en llanto, quienes fueron saliendo una a una del primer y segundo piso del tribunal, ambos fuertemente resguardados por efectivos de seguridad.

decepción

Muy pocos tuvieron el valor de hablar. Fumaban. Temblaban. No podían creer lo que pasó. "Veinte muertos y ni siquiera tienen que firmar", expresó Verónica Barrios, quien perdió a su marido en el accidente, en medio de la tristeza.

María Cristina Jara, presidenta de la agrupación de víctimas, sería la encargada de hablar. Fue asediada por la prensa y con mucha dificultad habló. Al igual que sus compañeras de tragedia, solo quería llorar.

"Una vergüenza esta injusticia chilena que una vez más le encuentra el favor a los poderosos. Vamos a apelar a la Corte de Apelaciones, porque consideramos que no podemos esperar estas condiciones que nos han impuesto, porque llevamos casi cinco años luchando no solamente por nuestra causa. También luchamos por un país entero para poder evitar tragedias como la nuestra", expresó poco después de la salida del fiscal Reyes, sindicado como el responsable de la precaria investigación de la causa.

La retirada del casi centenar de personas, entre sobrevivientes, familiares y acompañantes, fue desoladora. "Vamos a seguir. Nos van a ganar, pero nos van a ganar luchando", comentó Verónica Barrios. J

La suspensión condición es un tipo de salida alternativa que evita que las partes lleguen a un juicio oral. El tribunal aprobó la medida bajo las condiciones antes detalladas por un periodo de un año, mucho menos de los tres solicitados por la parte querellante. Los imputados deberán cumplir con cada uno de estos términos y en caso de no hallarse una prueba que demuestre su culpabilidad, al cabo de este periodo quedarán limpios de toda responsabilidad penal. La decisión del magistrado no quita, sin embargo, la posibilidad de que las familias, agrupadas o de forma individual, recurran a otras acciones legales de carácter civil.