"Es necesario crear una nueva ley de pesca que no beneficie a la industria. Todos sabemos que la 'Ley Longueira' es corrupta y viciada porque se pagó 500 millones de pesos a los senadores para que legislaran a favor de los grandes empresarios".

Cristián Miranda, presidente de la Coordinadora de Defensa de Pesca Artesanal de San Antonio, se muestra enfático cuando se le consulta con la posible derogación de la actual ley que rige a la pesca nacional desde el 2012.

Si bien la semana pasada estaba agendada la votación para la admisibilidad de la moción, que busca derogar la actual ley, el proceso se postergó, lo que fue criticado y lamentado por el Partido Comunista, principal impulsor de la anulación de este estatuto.

Hoy Miranda confiesa que hay un acuerdo con los congresistas para que esta ley, finalmente se anule y espera que ello se cumpla.

"Hay un compromiso de los parlamentarios para que se derogue esta ley, porque lo único que se busca es salvaguardar los intereses de la pesca industrial en desmedro de la artesanal. Se busca que las llamadas siete familias (que controlan la pesca industrial) se sigan beneficiando con un patrimonio que es de todos", recalcó.

La posible anulación de esta ley sale a luz producto de las investigaciones que está realizando la justicia a al senador Jaime Orpis, quien tuvo varias votaciones a favor de la pesca industrial, mientras recibía financiamiento del Grupo Angelini, según lo expresado por la fiscal a cargo del caso Corpesca, Ximena Chong.

Esto también involucra a la ex diputada por Iquique, Marta Isasi. Eso sí, aún no se ha podido establecer con certeza bajó qué contexto recibió 25 millones de pesos. Se presume que fue para favorecer a la empresa.

Es por ello que Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer de San Antonio, pide, bajo estas dos investigaciones, que se derogue la actual ley de pesca por ser "corrupta".

"Es insólito e insostenible, por ejemplo, que el 60 de la merluza caiga en manos de dos barcos que pertenecen a la familia Stengel, es decir, a un solo armador", mencionó el dirigente pesquero criticando el fraccionamiento que actualmente rige a los hombres de mar.

"El caso del jurel es otro. El 90 por ciento está en manos de la gran industria. Eso no puede ser", añadió.

Hernández además confirmó que una comitiva de San Antonio se unirá a la de Valparaíso, la cual se manifestará en caso que no se derogue la ley en la Cámara Baja.

Por su parte, los trabajadores de las plantas de proceso agrupados en la Federación de Sindicatos de la Industria Pesquera de la Región del Bío Bío (Fesip) consideran que esta iniciativa se contradice abiertamente con la gran discusión que esta ley tuvo por más de 2 años y que contó con el consenso de los trabajadores de la pesca artesanal, industrial, científicos, ONG ambientalistas, IFOP, entre muchas otras organizaciones, y derogarla sería retroceder en los avances del sector. J