Socios del ex Camping de Llolleo siguen enfrentados "por plata y mentiras"
Miembros de la corporación reclaman por la demora en las obras del nuevo centro de recreo en El Tabo.
Aunque han pasado más de cinco años desde que el tsunami del 27 de febrero de 2010 destruyó el camping de Llolleo, los socios de la corporación que administraba el lugar siguen enfrascados en una larga polémica por el uso de los 896 millones de pesos que obtuvieron con la venta de los terrenos a la Empresa Portuaria de San Antonio.
Con esos recursos, la Sociedad de Veraneantes compró un sitio en El Tabito, en la comuna de El Tabo, donde se debía urbanizar para levantar otro camping con las mismas características que el destruido por la fuerza de las olas.
Una de las integrantes de la agrupación, quien compró sus derechos para participar en ella hace más de 20 años y que declinó dar su nombre por temor a represalias, aseguró que "hasta ahora no se ha hecho nada y que se está perdiendo la plata. Estamos enfrentados por plata y mentiras, porque aún no hay nada en El Tabo".
La mujer confesó que nunca se había atrevido a hablar públicamente al respecto "porque luego somos víctimas de amenazas". La supuesta afectada por la mala administración del camping dijo que "más de treinta personas fueron expulsadas de la sociedad por estar en contra la directiva y de la presidenta, Ximena Villarroel".
En concreto, la mujer denunció un retraso excesivo en la obras que más tarde les permitirá levantar una cabaña definitiva y en un presumible "mal uso de los recursos" destinados para ello.
Denuncias previas
Las acusaciones en contra de los líderes de la sociedad no son nuevas. En agosto pasado, Hugo Ogalde, en representación de su esposa Yolanda González, una de las 343 personas que integran la Corporación de Sociedad de Veraneantes Camping de Llolleo, también responsabilizó a la presidenta de esta agrupación, de demoras en los trabajos de urbanización.
Y en mayo del 2015, Mario Ruminot, hijo de un matrimonio socio fundador, denunció que el terreno en disputa se compró por un valor mucho más elevado al que tenía.
"La tasación fiscal es de cuatro millones y se compró el sitio en 352. Aunque el precio comercial siempre es más alto al fiscal, nunca puede variar tanto", dijo mostrando una serie de documentos que comprobarían la veracidad de su alegato.
"Ese terreno no tiene agua y no se puede construir allí. No hay nada y se perdió la oportunidad de comprar en El Quisco, donde tendríamos un complejo de cabañas perfectamente instalado", agregó.
"Otra cosa, es qué pasó con la plata que sobró de la compra. Yo sé que los colocaron en Fondos Mutuos, y eso no se puede porque es una corporación sin fines de lucro", remató Mario Ruminot.