Hoy parte la batalla judicial por el caso que involucra a ex detectives
El fiscal José Miguel Subiabre espera obtener importantes condenas para supuestos autores de varios delitos.
Una batería de pruebas presentará hoy el fiscal jefe de San Antonio, José Miguel Subiabre, en lo que será la audiencia de preparación del juicio oral en el caso judicial que investiga la supuesta participación de 11 ex detectives de la PDI San Antonio y Talagante, en una banda dedicada al robo de camiones.
La historia de esta investigación está relacionada con el robo de un camión cargado con dulces M&M, ocurrido en septiembre de 2014 y cuyas diligencias permitieron destapar las irregularidades que se registraron al interior de brigadas de Robos y Criminal de la policía civil.
Por esta causa, dos de los 11 detectives se mantienen en prisión preventiva, medida que ha sido ratificada en repetidas ocasiones por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Subiabre explicó que la fase que se vivirá hoy en el Tribunal de Garantía de San Antonio es clave, ya que en ella la defensa de los imputados debería manifestar su postura respecto a los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público.
La idea, recalcó el fiscal, es que no haya ningún acuerdo judicial con los imputados, sino que avance hacia el juicio oral.
Penas
"Respecto de los once funcionarios, la acusación definitiva respecto de ellos es por los delitos de encubrimiento de robo con intimidación y por malversación de caudales públicos", detalló.
Para castigar estos hechos que se le imputan a los ex PDI, la Fiscalía propondrá 10 años de cárcel por ambos delitos, más 800 días de presidio.
Así también, el fiscal pedirá 3 años de pena y otros 270 días de cárcel para tres de los implicados acusados de obstrucción a la investigación.
Incluso a uno de los ex funcionarios policiales se le investiga además por el delito de cohecho y obstrucción a la justicia, por lo que arriesga una sentencia cercana a los 13 años.
Entre los antecedentes que exhibirá el Ministerio Público están los testimonios de testigos protegidos, que corresponden a los transportistas que ayudaron a descubrir esta trama y también a los detectives de la unidad especial que desarrolló la investigación interna en la PDI regional.
10 años y 800 días de cárcel arriesgan los 11 detectives formalizados por este caso judicial que se destapó en septiembre de 2015.