Rodrigo Ogalde
El 11 de abril el Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso dará a conocer la sentencia que deberá cumplir el ex alcalde de El Quisco, José Miguel Carrasco (ex militante de la Democracia Cristiana), tras ser condenado ayer como culpable de dos delitos de fraude al Fisco.
La resolución de los jueces Claudio Martínez, Jany Silva y Paula Ramos fue unánime al responsabilizar a Carrasco por "la obtención fraudulenta del subsidio diferenciado" para los proyectos habitacionales Villa Marina 1 y Villa Marina 2, correspondientes al periodo 2007-2008 y en los que se habría defraudado al Fisco por 1.700 millones de pesos.
Pese al dictamen adverso para el ex edil, el tribunal lo absolvió de un tercer delito de fraude al Fisco ligado a la Villa Padre Eduardo Alvear. Tampoco se pudo acreditar la falsificación de instrumento público, que era otra de las acusaciones presentadas por la Unidad Regional Anti Corrupción (Urac) de la Fiscalía y por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El fiscal Claudio Rebeco afirmó que "tras un largo juicio, el tribunal valoró la prueba rendida por el Ministerio Público, formándose la convicción acerca de la intervención dolosa del ex alcalde en dos delitos de fraude al Fisco que se habrían cometido el año 2007 en el contexto de la presentación de sendos proyectos habitacionales".
"Esperamos que el tribunal imponga la pena que hemos solicitado, en este caso 5 años de presidio. Lo relevante, más allá de la pena, es el reproche que el tribunal hizo acerca de estos hechos que son constitutivos de corrupción", agregó Rebeco.
Así también, el fiscal recordó que en 2015 "por estos mismos hechos" fueron condenados el ex director regional del Serviu y representante de la Egis Patrimonio S.A. , Alberto Ramírez, y el representante legal y dueño de la empresa constructora Benanto, Víctor Elicer.
Tomás Palacios, abogado del CDE, sostuvo que además se acogió la demanda civil en contra de Carrasco, por lo que él deberá pagar un total de 50.000 UF (1.275 millones de pesos) para que pueda reparar el perjucio que, según los querellantes, le provocó al Fisco .