Rodrigo Ogalde

Entre abril de 2015 y el mismo mes del presente año, 79 internos de la cárcel de San Antonio han recibido el beneficio de la libertad condicional que otorga la Corte de Apelaciones de Valparaíso a los reos que cumplen con los requisitos para acceder a esta alternativa.

La información entregada por Gendarmería indica que de los 79 internos, 38 corresponden al segundo semestre de 2015 (medido de abril a octubre), y 41 al primer semestre de 2016 (octubre de 2015 a abril de 2016).

En el caso de la cárcel de San Antonio, en esta última medición fueron 44 los reos que pidieron el beneficio, pero el viernes pasado, cuando salieron del penal, sólo lo hicieron 41 de ellos. Esto equivale a que un 93% de los internos que solicitó ser incluido en esta medida, tuvo éxito en su incursión.

Las cifras del último año representan menos del 10% de la población total que tiene el penal sanantonino, pero son parte de los cientos de internos que fueron "liberados" en la Región de Valparaíso en los últimos seis meses, lo que ha generado diversas críticas y cuestionamientos de parte de autoridades.

Ayer, el senador por la Quinta Costa, Ricardo Lagos Weber, recalcó que "esto quien lo decide no es el Gobierno, aquí interviene el Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones, los jueces de garantía y los jueces de lo penal".

El parlamentario agregó que aunque los criterios que se usen para dar este beneficio son técnicos, de todas maneras él cree que "hay que tener más fineza para ver si es que se cumplieron los requisitos de que no fueran sancionados, o si están siendo sancionados correctamente al interior de los penales".

A juicio de Lagos Weber, "La Ley Corta ya establece el criterio de que para optar a libertad condicional, tienes que haber cumplido dos tercios de la pena, y no la mitad. Y eso ya establece una restricción".

La presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Reos de Chile, la sanantonina Cecilia González, criticó el sistema usado para darles la libertad condicional a los internos de las cárceles del país.

González dijo a Diario El Líder que el beneficio lo recibieron personas que no lo merecían y que, al contrario, a otros internos no se les dio pese a que sí les correspondía. "En Valparaíso salieron 470 internos y en San Antonio unos 40; estamos hablando de una tasa de hacinamiento que va bajando, pero no eran las personas indicadas para salir", alegó.

La dirigenta añadió que "esta no fue la mejor elección (de los internos). Creo que esto era todo un proceso, pero parece que fue como al que le tocó le tocó. Se saltaron el conducto regular porque aquí salieron personas que no debían estar en la calle", entre quienes están, según ella, condenados por ataques sexuales y otros por graves delitos de sangre.

"No se respetaron a los jefes de unidad y los consejos técnicos (de Gendarmería) que evalúan a la gente. Aquí se hizo valer el Ministerio de Justicia y lo hizo muy mal. Creo que todos tienen la opción de salir, pero esta no fue la mejor manera. Hay personas que están a punto de salir y que tienen casi 18 años cumplidos y todavía no salen con un beneficio intrapenitenciario", explicó.

Por todo esto, Cecilia González llamó a las autoridades a mejorar el sistema que se usa para definir la libertad condicional de un interno, para que no vuelva a repetirse esta situación. "El sistema está viciado", insistió.

"Espero que puedan reinsertarse y no volver nunca más. Porque si en un mes van a ir a la cárcel, de qué sirvió esto, para asustar nada más que a la población", concluyó.

El intendente (s) de Valparaíso, el sanantonino Jorge Dip, llamó a la calma a la comunidad, ya que según él, tras la liberación de los reos "no existieron hechos ni desórdenes que revistan una connotación mayor que aquella que habitualmente se da en un fin de semana, desde el punto de vista de la seguridad pública". Recalcó que "esta determinación corresponde claramente a una decisión de índole judicial y por lo tanto, como Gobierno no podemos pronunciarnos en cuanto al fondo y a la forma". Lo mismo expresó el gobernador provincial de San Antonio, Manuel Villatoro, quien aseveró que "no corresponde que como Gobierno nos pronunciemos sobre el fondo y la forma del tema".

Fiscal regional toma distancia de la polémica medida

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, dijo que "la Comisión de Libertad Condicional la integran los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ellos, en ejercicio de sus facultades, han tomado ciertas decisiones que tienen las consecuencias conocidas. Nosotros como Ministerio Público no podemos opinar sobre el ejercicio de facultades de un poder del Estado". Agregó que no existe una consulta a la Fiscalía por parte de la Corte de Apelaciones para tomar esta determinación, "ya que aplican sus propios criterios. La Corte ha decidido y en ese sentido el Ministerio Público no ha intervenido en ningún caso en esa decisión, por lo tanto no podríamos hacernos cargo nosotros del tema".