Funcionaria y el municipio llegaron a un acuerdo tras denuncia por acoso laboral
Carolina Fuentes, ex dideco, inició un juicio contra la Municipalidad de Cartagena.
U n acuerdo conciliatorio permitió ayer a la Municipalidad de Cartagena y a la funcionaria Carolina Fuentes (40) terminar en forma anticipada con una demanda por tutela laboral que ella había iniciado en contra dicha corporación por la supuesta vulneración de sus derechos.
Carolina Fuentes dijo a Diario El Líder que el 13 de octubre de 2015, después de hacer uso de su postnatal, el alcalde Rodrigo García la cambió de su cargo de directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) y la nombró como secretaria municipal. "Una vez que me reintegro, me empiezan a suceder distintas situaciones relacionadas con acoso laboral desde el alcalde y sus cercanos", afirmó.
"Se suscitan situaciones con las cuales yo me sobreestreso, malos tratos del alcalde como quitarme documentos de mala forma y descalificaciones verbales delante de algunas personas, gritos de parte de él y negación de hacer uso de mi feriado legal, sobrecarga de trabajo y dificultades para hacer uso de mi horario de lactancia", declaró esta militante PPD, el partido del edil.
Estos hechos, a su juicio, habrían sido la consecuencia de que ella fuera citada como testigo, sin ser consultada, en una demanda laboral que otra funcionaria interpuso en contra de la municipalidad. "Esto habría significado la pérdida de confianza de parte del alcalde hacia mí y él me quería fuera del municipio y se inició este hostigamiento", declaró.
Según ella, en marzo del presente año fue sacada de su cargo de secretaria municipal y pasó al Departamento de Educación en calidad de encargada de una unidad. "Eso fue un desmedro", alegó.
En abril, Fuentes interpuso una denuncia en contra del municipio por vulneración de derechos fundamentales ante el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en la que pidió una indemnización de 60 millones de pesos.
"Esto me provocó una depresión ansiosa asociada al acoso laboral", recalcó al contar que desde marzo está con licencia médica.
Pero surgió la posibilidad de arribar a un avenimiento. De esta manera, ayer la justicia acogió una conciliación entre las partes que determina una serie de obligaciones para el municipio.
Y aunque en dicho acuerdo, la municipalidad no reconoce el fondo de la acción judicial, sí la entidad accedió a "poner término al presente juicio".
Así la Municipalidad de Cartagena "se compromete a dejar sin efecto la orden de servicio del 24 de marzo, N° 4, que destinaba a la denunciante en funciones en el Departamento de Educación Municipal".
Además, el municipio tendrá que "solventar los gastos de tratamientos sicológicos y siquiátricos a los que se encuentra sometida actualmente la denunciante", y "a reembolsarle 770 mil pesos por concepto de costas y peritajes que ella solventó para este juicio".
"Los directores y el alcalde se comprometen a asistir a una capacitación de derechos fundamentales dictada por la Inspección del Trabajo de San Antonio, donde también se compromete a ir la denunciante", estableció el acuerdo que deberá ser sometido a votación en el Concejo Municipal de Cartagena.
"Estoy conforme con esto porque yo quería marcar un precedente de que los trabajadores y mujeres hay que respetarlos", concluyó la funcionaria.
Respuesta
La Municipalidad de Cartagena, a través de su asesor jurídico, sostuvo que "respecto a las declaraciones de la funcionaria municipal Carolina Fuentes debemos señalar que es lamentable el asesoramiento legal recibido en relación a su actuar, al dar una entrevista a un medio de comunicación local exponiendo una problemática laboral que la aqueja, considerando que en primer lugar se trata de un proyecto de avenimiento judicial, es decir, un preacuerdo para su estudio y posterior ratificación, en el sentido en que no se reconocen de parte del municipio los hechos y tampoco culpabilidad en lo expresado por la demandante, con la cual se acordó de forma amistosa y de buena fe que se estudiarían los puntos acordados entre las partes".
Además, declaró el municipio, "fue la propia municipalidad que ofreció como servicio ayudar y proteger los intereses de la funcionaria, como así también buscar una capacitación a los funcionarios para evitar que algún día sucedan confrontaciones entre ellos y específicamente, evitar la sobreexposición de la misma directora. Queremos ser enfáticos en que no se reconoce responsabilidad alguna y se niega cualquier acoso hacia la señora Fuentes. En este sentido, lamentamos que se rompiera la buena fe y se desconociera la mesa de acuerdos en forma intencional, lo cual cambia claramente el escenario legal".
770 mil pesos deberá reembolsar el municipio a la funcionaria por concepto de costas.