Piden cárcel para los responsables de las 150 casas demolidas en Bellavista
El programa Contacto, de Canal 13, mostró la serie de irregularidades que se cometieron en la construcción del proyecto habitacional Mirador Altos de Bellavista que significó una pérdida para el Estado cercana a los $4 mil millones.
"Me sorprende que el director del Serviu de la Quinta Región haya dicho que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Son ellos los que deben fiscalizar estas viviendas sociales. La gente más necesitada también merece vivir de manera digna".
Así reaccionó el presidente del comité habitacional Mirador Altos de Bellavista de San Antonio, Gabriel Oyarzún, luego de que el programa Contacto, de Canal 13, diera cuenta de las irregularidades que se cometieron en la gestión y construcción de este proyecto inmobiliario que finalmente terminó con la demolición de 150 casas en San Antonio.
La destrucción de las viviendas se concretó hace seis meses debido a que diversos organismos técnicos detectaron graves falencias en la construcción de su estructura, especialmente en los cimientos, lo que las hacía sensible a terremotos.
Frente a esto el director del Serviu de la Quinta Región, Carlos Contador, comentó en el reportaje de TV que "la detección de la calidad de las obras no depende del Serviu, ni de su inspección".
Fueron estas palabras las que generaron la molestia de Oyarzún, quien cree que es el Serviu el encargado de velar por la calidad de las construcciones.
"Me parece que faltó mucho más. Este problema nace en el Gobierno anterior, porque el proyecto es del año 2010, con otro delegado del Serviu, luego pasa a esta administración. Acá nadie hizo nada y terminamos con las casas en el suelo", dijo el dirigente.
Programa
El reportaje dio a conocer la realidad que enfrentan miles de personas que por una mala gestión del Serviu, en su fiscalización, y por el incumplimiento de contrato de las empresas constructoras, deben esperar más años por una vivienda digna.
En la edición del pasado domingo, el programa denunció que uno de los inspectores técnicos del Serviu local, Álvaro Chandía, aprobó los pagos adelantados a la empresa constructora Viet, de Juan Pablo Martínez, pese a que las obras no estaban concluidas.
Consultado por Contacto, Chandía respondió que no puede dar declaraciones, puesto que hay "una investigación entremedio".
Martínez negó haber pagado a Chandía para que pasara por alto los estados de avance de la obra. "Nunca ha existido un pago o colusión al respecto", aseguró.
Es por estas irregularidades que en 2015, el concejal Maximiliano Miranda (PC) interpuso una querella en el Tribunal de Garantía de San Antonio contra quienes resulten responsables por el delito de fraude al Fisco y los 3.800 millones de pesos que se perdieron en la demolición de estas viviendas, que estaban destinadas a los damnificados por el terremoto y a familias vulnerables de San Antonio.
A esta acción judicial se sumaron su colega Ricardo García (UDI), el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Fiscalía de Alta Complejidad Económica y la Fiscalía Anti-Corrupción.
Para el edil comunista, el gran error que se cometió estuvo en el estudio de suelo, que nunca se hizo. "Acá nadie sabía dónde se estaba construyendo".
Con respecto al programa emitido por Canal 13, el concejal dijo que "la opinión pública de San Antonio ya sabe de algo que estaba ocurriendo en la comuna y que estaba oculto, el testimonio de los pobladores también es valioso y lo otro importante que debía saberse es que aquí se botaron cerca de 4 mil millones de pesos por una mala gestión".
Miranda apuntó al alcalde Omar Vera como el primer responsable en este fallido proyecto habitacional.
"A la fecha el alcalde (Omar Vera) dice que se debió haber observado, fiscalizado, pero no hizo nada. Muy lamentable siendo él la primera autoridad comunal y que a él le asiste porque la Egis pertenece al municipio. Acá los responsables, de donde sean, deben pagar con cárcel y nunca más deben ejercer un cargo público ", afirmó.
En el programa se le consultó a la máxima autoridad comunal por su responsabilidad en las 150 viviendas demolidas. "Hay un proceso establecido en los mecanismos del Serviu y nosotros hicimos fe", dijo el edil, lo que en el reportaje se interpretó como una respuesta evasiva.
Diario El Líder intentó comunicarse con Vera para que analizara su responsabilidad y la del municipio, sin embargo, no contestó el llamado.
3.800 millones de pesos fueron botados a la basura, luego que se demolieran las viviendas sociales de Bellavista.