Familia de estibador asesinado recibirá indemnización por parte del Fisco
Héctor Rojo fue ejecutado en septiembre de 1973 por militares del Escuela de Ingenieros liderados por Manuel Contreras.
"No hay dinero alguno que pueda borrar todo el dolor". Con esas palabras, Valentina Rojo (49) se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la sentencia de primera instancia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización a la familia del dirigente de los estibadores de San Antonio, Héctor Rojo Alfaro, quien fue ejecutado por la dictadura militar en 1973.
El dictamen, pronunciado por la Cuarta Sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Mireya López, Viviana Toro y Paola Robinovich- confirmó la sentencia dictada por el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda indemnizatoria presentada por los familiares del dirigente gremial, ejecutado el 21 de septiembre de 1973 por militares de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, tras una falsa fuga.
Considerados verdaderos mártires por parte de sus compañeros, el recuerdo de Héctor Rojo Alfaro, Guillermo Álvarez Cañas, Armando Jiménez Machuca y Samuel Núñez González se mantiene vivo entre quienes fueron sus colegas y posteriores generaciones.
A ellos se suma la muerte de otro dirigente portuario, Raúl Bacciarini y el GAP Fidel Bravo, todos los cuales forman parten del memorial de los derechos humanos emplazado en avenida Barros Luco.
Sentencia
Según una sentencia de la Corte Suprema del 19 de enero de 2011, el 21 de septiembre a los dirigentes del Sindicato de Estibadores de San Antonio, Samuel Núñez González, Guillermo Álvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Armando Jiménez Machuca, Raúl Bacciarni Zorrilla y Fidel Bravo Álvarez, se les aplicó la Ley de Fuga cuando eran llevados a un terreno militar en Bucalemu, en Santo Domingo, y fueron ejecutados por agentes del Ejército.
En este caso se determinó la participación en el delito de homicidio calificado de David Adolfo Miranda Monardes, quien en ese entonces era fiscal militar no letrado de la Escuela de Ingenieros Tejas Verdes, y de Manuel "Mamo" Contreras Sepúlveda, quien se desempeñaba como director de dicha unidad castrense.
De esta manera, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la responsabilidad del Estado por el actuar ilegal de los miembros del Ejército.
"Que en este caso, se observa que el actuar de los integrantes del Ejército antes singularizados, constitutivo de un delito penal, declarado mediante sentencia ejecutoriada, fue llevado a cabo en contravención a las normas de dicho ramo, mas también de aquellas que regulan la actuación de los órganos de la administración del Estado", detalla la resolución.
La indemnización a pagar se divide en $50.000.000 para Inés Vega Cortés (viuda de Héctor Rojo), y $50.000.000 para cada hijo: Inés , Valentina y Wladimir Rojo Vega.
"Que en este caso, se observa que el actuar de los integrantes del Ejército antes singularizados es constitutivo de un delito penal",
Corte de Apelaciones."
