Esta semana se abrió el llamado a licitación del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Néstor Fernández Thomas de Llolleo.

De acuerdo a lo indicado por el consejero regional (core) Roy Crichton, se trata del consultorio más caro de Chile, con una inversión de más de 6.800 millones de pesos, financiada por el Ministerio de Salud.

¿Por qué y cómo se justifica una inversión tan alta? Según Crichton, se debe a las características particulares del proyecto que, además de su extensión en metros cuadrados de construcción, incluirá un Servicio de Alta Resolutividad (SAR) y una Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (Uapo).

"La infraestructura contará con ascensor para minusválidos, un edificio en altura con una serie de detalles. Pero lo más notable es que el SAR que tiene asociado va a permitir mayor autonomía respecto a las patologías primarias, permitiendo a los usuarios acceder a exámenes como mamografías, radiografías, etcétera", puntualizó Crichton.

Este SAR será el primer recinto de este tipo en la provincia y beneficiará a más de 30 mil usuarios en Llolleo.

Según el core, la negociación para lograr que el Ministerio de Salud financiara el total de las obras de este ambicioso proyecto, se logró gracias al compromiso que realizó el Gobierno Regional para solventar la construcción del nuevo Cesfam de la 30 de Marzo. "Estamos esperando la discusión presupuestaria para apoyar el cofinanciamiento inmediato de ese proyecto donde está el terreno comprado y cuenta con RS, así que esa también es una buena noticia", dijo Crichton.

La diputada María José Hoffmann y el core Mauricio Araneda (UDI), quienes se manifestaron preocupados por los tiempos de ejecución de la iniciativa, declararon que "vamos a estar vigilantes para que se cumplan los compromisos y plazos establecidos con la construcción del Cesfam de Las Lomas".

La aprobación del Proyecto de Ley de Tenencia Responsable de Animales en el Congreso ha movilizado nuevamente a los municipios de la provincia de San Antonio para modificar sus ordenanzas y establecer las normas que deberán mantener para aplicar esta nueva normativa.

De acuerdo a lo indicado por el diputado Víctor Torres (DC), la responsabilidad de fiscalizar y hacer cumplir esta ley recaerá en los gobiernos comunales.

"Esta ley busca hacer un cambio cultural que nos permita hacernos cargo de las mascotas que tenemos y, así, ir evitando que tengamos una mayor cantidad de perros en las calles y todas las complicaciones que ello conlleva", detalla el diputado.

Según explica el parlamentario, la ley prohíbe la eutanasia y establece la esterilización como medida de control, además de medidas de sanción para los dueños que no la respeten.

"Son medidas que me parece que en el mediano plazo van a tener efecto respecto a la situación que viven las comunas en el país. A mi juicio, apuntan en la dirección correcta porque permiten garantizar, además, un buen trato a los animales", comenta el doctor Torres.

El proyecto de ley estuvo siete años tramitándose en el Congreso y, según Torres, los problemas que entramparon su aprobación fueron el debate por la eutanasia y el financiamiento que implicaría su implementación.

"Los municipios van a tener que establecer ordenanzas que puedan orientar las acciones de control canino y medidas de esterilización. Pero en paralelo a la discusión de este proyecto de ley, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) ha establecido programas que tienen que irse potenciando desde el punto de vista económico para el control canino", agrega.

Municipios

Mientras se espera la promulgación de la ley en los próximos días, las municipalidades estudian cada uno de los puntos de esta norma para determinar de qué forma enfrentarla y qué modificaciones harán en sus propias ordenanzas.

Al ser consultados los encargados de los programas de tenencia responsable de los municipios de la provincia, todos coincidieron en que harán estas modificaciones y que seguirán implementando los programas de tenencia responsable que financia la Subdere.

"Todavía hay temas debatibles dentro de esta ley, pero incorporaremos a nuestra ordenanza todas las cosas que podamos", argumentó la veterinaria a cargo del programa en Santo Domingo, Vivian Ramos.

"La Ley no habla de recursos y si bien contamos con el financiamiento de algunos programas de tenencia responsable, por ejemplo, la ley establece la obligatoriedad de tener caniles y eso sería lo más complejo, por la inversión económica que eso podría representar para los municipios", argumenta la profesional.

El Quisco

Un caso particular enfrenta El Quisco, puesto que por disposición de la Corte de Apelaciones, la municipalidad debió implementar un canil como refugio provisorio que comenzará a funcionar a fines de este mes y que tendrá capacidad para 20 animales.

De acuerdo a lo comunicado por el municipio, el lugar además funcionará como centro veterinario para perros abandonados y estará a cargo de un equipo de profesionales como veterinarios, técnicos, auxiliares y cuidadores.