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A raíz de los cuestionamientos a la estrategia de prevención del delito de Carabineros, la subvaloración de encuestas sobre la percepción de las instituciones, y las manifiestas ausencias institucionales a actividades relevantes sobre la materia, se debe destacar la necesidad inmediata de implementar, en serio, un trabajo coordinado entre las distintas instituciones encargadas de la prevención y la seguridad pública. Son varios los casos donde no se ha avanzado en esta materia. Por ejemplo, no existe una retroalimentación periódica y sistemática de los resultados en sede judicial de los procedimientos policiales. Así, Carabineros se cuestiona qué pasa con los detenidos que horas después quedan en libertad. ¿Sabe la institución cuál es el estándar que exigen los jueces? Si se declaró ilegal una detención, un allanamiento, una interceptación telefónica, ¿sabe Carabineros las razones detrás de esa resolución? Hoy esa necesaria retroalimentación queda entregada a la buena voluntad de fiscales y policías. Pero si ella no se encuadra en un trabajo interinstitucional conjunto, los procedimientos se seguirán realizando de la misma manera, y los resultados serán entonces los mismos.
Por otra parte, el intercambio de información interinstitucional sigue al debe. Por ejemplo, ¿sabe Carabineros al controlar la identidad de una persona, si se encuentra cumpliendo una pena de cárcel, pero que está en ese momento con un beneficio intrapenitenciario de salida diaria? ¿O un beneficio de salida dominical en un día lunes, que obviamente quebrantó? ¿Sabe Gendarmería de Chile, al registrar las visitas a las cárceles, que un familiar que visita a un preso está con una orden de detención vigente? ¿Sabe la Policía de Investigaciones, al diligenciar una Orden de Detención, que la persona se encuentra cumplimiento en la cárcel una prisión preventiva?
Mientras sigue pendiente la implementación de un Banco Unificado de Datos, en la ley de Agenda Corta publicada el año pasado se obligaba a las instituciones a presentar anualmente un diagnóstico de gestión institucional y una propuesta de objetivos comunes, para con ello establecerse un Plan Anual de Capacitación Interinstitucional. ¿Qué ha sucedido con esto? Estas propuestas parecen ser más efectivas que el mero aumento de las penas.
Como país necesitamos avanzar en esta materia, pero sin negar la importancia del debate público sobre el tema, más allá de críticas públicas y defensas corporativas.
Sebastián Valenzuela
Gerente legal de Alto
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