Cuando pensamos en protección de derechos del consumidor, lo primero que suele venir a nuestra cabeza es una gran corporación (a veces internacional) o una empresa de retail consolidada abusando de una persona natural, es decir, de un ciudadano promedio, el cual, en caso alguno puede hacer frente a cualquier definición realizada por quien le ofrece bienes o servicios que requiere, o, al menos, desea.

El problema, es que esta legislación se diseña, discute, aprueba e implementa, teniendo en consideración dicha perspectiva, lo que mejora sustancialmente la protección a los consumidores, pero afecta a pequeñas y medianas empresas a las que se les aplica dicha normativa sin contar con la estructura de organizaciones de mayor tamaño.

Así, es interesante la incorporación de una norma tendiente a facilitar el acceso a defensa jurídica gratuita de los consumidores a través de la Corporación de Asistencia Judicial y del SERNAC, beneficios que no son aplicables para las empresas.

Si nos ceñimos a una visión tradicional, las empresas, en todas sus formas y tamaños, no son apoyadas por medio del sistema público de atención jurídica gratuita, al obrar bajo la premisa de que estas organizaciones están en condiciones de pagar una asesoría especializada.

Esta idea es un prejuicio común, basado en un estudio realizado por Pymer, un cuarenta por ciento de los empresarios de pymes en Chile ha perdido oportunidades de venta debido a falta de capital del trabajo, y un cuarenta y siete por ciento ha cancelado proyectos por falta de financiamiento a largo plazo. Estas cifras nos muestran una lógica completamente distinta, organizaciones que no cuentan con el capital necesario para cerrar actividades empresariales que podrían mejorar su crecimiento, perdiendo oportunidades concretas de negocios debido a falta del capital necesario para poder desarrollarlas.

Cuando la nueva ley de protección de derechos del consumidor acepta la incorporación de una atención gratuita a favor de los consumidores, a la vez, y en forma involuntaria, obliga a las pequeñas y medianas empresas a asumir costos con miras a defenderse de cualquier reclamo que presente un consumidor, con o sin asidero, afectando en forma concreta los resultados operacionales de dichas organizaciones.

María Fernanda Juppet

Directora de la carrera de Derecho

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Por Lalo Loyola

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