por Jaime Rodríguez, profesor de Historia, magíster en Ciencias Sociales, mención en Sociología de la Modernización.

Una de las razones por las que el Banco Mundial existe y es importante en la sociedad actual es porque otorga asistencia a las decisiones en políticas que cada Estado toma de manera autónoma y soberana respecto de su gestión pública, especialmente en lo referido a las inversiones económicas. El rol del Banco Mundial en este sentido puede entenderse como la de un fiscalizador, atento y vigilante cuyo objetivo es favorecer y profundizar las oportunidades de negocios de los Estados nacionales, promoviendo condiciones de emprendimiento a gran escala a través de inversiones que fortalezcan el crecimiento y desarrollo de los países.

Los hechos conocidos vía prensa y que vinculan al Banco Mundial con prácticas de dudoso origen, permiten establecer que cuando una entidad de este carácter realiza omisiones, tergiversaciones o directamente establece falsedades acerca de la información que maneja, el perjuicio no solo arrastra a su estatus institucional, sino que, y siendo más grave aún, a quienes tiene por deber otorgar cooperación en asistencias técnicas y financieras. Es por esto que el Estado chileno no solo debe establecer investigaciones autónomas y exigir al Banco Mundial lo propio, sino que además se hace necesario reevaluar el esquema de participación de nuestro país bajo las condiciones en que hoy convive con esta institución, puesto que al parecer una acción concertada por uno de sus funcionarios, habría tenido una intencionalidad político/electoral que no corresponde a los lineamientos y declarados intereses que el Banco Mundial ostenta en sus relaciones con cualquier Estado.

Este hecho sin duda tensa las relaciones con los Estados, los ciudadanos y las necesidades que de allí emergen; por tanto genera "desacoples" estratégicos en las interacciones internas y externas que cada Estado nación posee, pues pone de manifiesto la fragilidad con que los regímenes democráticos deben de someterse a las "imposiciones" de instituciones cuya misión es la de colaborar y no de entorpecer los pilares de la convivencia democrática interna que por su definición, deben ser siempre, soberanas, libres y autónomas.