La idea de volver a aplicar la pena de muerte o no en la justicia chilena ha marcado el debate en la opinión pública durante los últimos días.

La discusión tras el brutal asesinato de Sophia, una pequeña de 1 año y 11 meses en Puerto Montt, que fue golpeada y maltratada presuntamente por su padre, no ha dejado de conmocionar a un sinnúmero de personas que reclaman justicia para la malograda niña.

Es así como la consigna "queremos justicia" se replicó en distintos puntos del país con cientos de personas reunidas para exigir la creación de la Ley Sophia. Esta iniciativa apuntaría a endurecer las penas a quienes cometan crímenes contra menores de edad, entre ellas que se restablezca la pena de muerte.

En la efervescencia de esta polémica, CNN dio a conocer que cinco diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) pedirán al Presidente electo Sebastián Piñera que haga un plebiscito para consultar el restablecimiento de esta pena.

¿Pero cómo evalúan los sanantoninos que se reinstale esta medida?

Diario El Líder recogió una serie de opiniones que mantienen distintos actores políticos y sociales de la provincia.

Es así como la reelecta diputada María José Hoffmann (UDI) se mostró en contra de la pena capital pero agregó que presentará un proyecto de ley para aumentar las condenas.

"Estoy absolutamente en contra de la pena de muerte. Me parece una medida retrógrada que no soluciona el problema de fondo. Creo en la dignidad humana siempre y en todos los casos. Dimos una pelea preciosa a favor de la vida del que está por nacer y soy consecuente con eso. Para casos extremos presentaré un proyecto de ley para aumentar las penas y agravantes como el aberrante caso que vimos con Sophia", comentó Hoffmann.

Rechazo

El diputado DC Víctor Torres sugiere endurecer las penas privativas de libertad y se opone a la pena de muerte.

"Considero que la tortura y pena de muerte como forma de administración de justicia no son propios de sociedades que sean consideradas modernas. Nuestra civilización ha establecido mecanismos asociados a pérdida de libertad como sanciones penales, que siempre están en constante revisión. Si fuera necesario, lo indicado es endurecer este tipo de penas, hacerlas efectivas o revisar algunas garantías que no impliquen contravenir tratados internacionales en materia de DDHH", postula el parlamentario.

La diputada electa por el distrito 7, Camila Rojas (Izquierda Autónoma) , indica que la pena de muerte no es la solución. "Está estudiado que no existe relación entre el aumento de penas, incluyendo la pena de muerte, y la reducción de estos delitos, es decir siguen ocurriendo. La pena de muerte no es la solución".

El abogado y ex candidato a alcalde por el Frente Amplio, Raúl Devia, es categórico al señalar que no apoya la pena de muerte. Su argumento es que "atenta contra los Derechos Humanos y los convenios internacionales firmados y ratificados por Chile en esta materia, además, colocar penas más graves, como sería la pena de muerte a determinados delitos, no significa necesariamente que estos no se cometan o que inhibirán a sus autores a no cometer los mismos. De hecho no es así, en varios estados de Estados Unidos donde existe la pena de muerte se cometen más homicidios que en aquellos donde está abolida. En definitiva, el reponer la pena de muerte parece más venganza personal que aplicaciones de justicia. En lo personal, no creo en la pena de muerte".

Retroceso

El alcalde (PPD) de Cartagena, Rodrigo García, señaló que aplicar esta pena sería un retroceso.

"Desde mi punto de vista considero que la sociedad no debería responder con la pena de muerte como sanción, lo califico como un retroceso implementarla en nuestro país, porque comprendo que la abolición tiene que ver con un avance, un desarrollo para nuestra sociedad, esperando que la condena de presidio perpetuo calificado sea la sanción más alta y sea efectiva", reflexionó el edil.

El consejero regional Mauricio Araneda (UDI) indicó que "no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Soy un defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte. Lo que debemos aplicar es una cadena perpetua efectiva sin beneficios y que les sea obligatorio trabajar en alguna acción de beneficio al país, como por ejemplo, ampliar rutas, carreteras, trabajos en alguna isla o poblado aislado de las zonas urbanas que permita generar ingresos para los gastos que implica su internación. Ellos deben gastar en base a lo que produzcan y no ser un gasto para el Estado".

A favor

En declaraciones entregadas ayer a El Mercurio de Valparaíso, la diputada electa por el Distrito Cordillera de la Quinta Región, Camila Flores (RN), encendió la polémica indicando que "para mí lo fundamental es trabajar de acuerdo a las prioridades que la misma ciudadanía planteó durante la campaña y que hoy sigue repitiendo, que es el combate a la delincuencia. Para eso debemos ver cómo le hacemos frente y tomamos decisiones concretas, fuertes, firmes, dejando los complejos del pasado y avanzando en una mirada del Chile de hoy. Y tal como lo señalé durante la campaña, no sólo estoy de acuerdo con abrir el debate, sino que también estoy a favor de la pena de muerte para determinados delitos".

El core electo del Frente Amplio, Jorge Mora, argumentó su rechazo a la pena de muerte.

"En Chile la justicia no está bien administrada e implementada, puesto que es sabido por todos que hay delitos que son muy condenables y que inexplicablemente no se condenan o no tienen una pena justa o delitos que no son tan condenables como el vendedor de CDs que murió en la cárcel de San Miguel cuando cumplía una condena de 3 años, mientras que a los violadores los dejan libres. En ese contexto la pena de muerte es un riesgo para la sociedad", dijo Mora.

El empresario y ex director de la Empresa Portuaria de San Antonio, Ramón González (RN), tampoco aprueba la pena capital. "Está a la vista que las leyes hoy no son capaces de castigar realmente semejantes crímenes, en especial de menores. Los legisladores deben escuchar a la comunidad y endurecer las sanciones. Porque si no somos capaces de defender el derecho a la vida, en especial la de los niños, estamos en deuda como sociedad. Estoy por la cadena perpetua sin ningún tipo de beneficio".

La antropóloga radicada en El Quisco, Francisca Egaña, también manifestó su postura en base a sus estudios profesionales.

"En este caso todo tiene que ver con el argumento que está detrás de este cuestionamiento. Y desde mi punto de vista personal, tiene que ver con un argumento individual, que por otro lado, es emocional. Quiere decir que se trata de un acto de venganza, volver a la Ley del Talión. Esto no apuntaría a provocar ningún cambio en la persona que cometió el crimen, ya que no tiene la opción de rehabilitarse. Por otro lado, reafirmando mi posición personal de estar en contra de la pena de muerte, un Estado que acepta la pena capital está validando la violencia y avalando que matar es una forma legítima de resolver conflictos. En otras palabras, indica que no hay otra posibilidad de resolver conflictos graves que acabando con la vida de las personas", puntualizó Egaña.