Contraloría rechazó contrato del MOP para construir canal de regadío
La Dirección de Obras Hidráulicas adjudicó un nuevo compromiso por $10.747 millones a la empresa Brotec Internacional Construcción, que resultó segunda en el llamado a licitación del proyecto para Cuncumén.
El peor de los miedos de los vecinos de Cuncumén terminó por concretarse. La Contraloría General de la República, mediante un oficio firmado por Dorothy Pérez, la contralora subrogante; informó que esta repartición "ha debido abstenerse nuevamente de dar curso" a la oferta presentada por la empresa Navarrete Díaz y Cumsille, que pretendía hacerse cargo de la construcción del proyecto de regadío en esa localidad de San Antonio.
La primera alerta llegó el 31 de enero cuando se reveló un documento del el contralor Jorge Bermúdez Soto, donde el organismo indicaba que "ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que acepta la oferta para la ejecución de la obra".
En palabras sencillas, no le dieron luz verde al contrato entre la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas y la mencionada empresa constructora, debido a que esta última no se encontraba vigente en el registro de empresas del MOP en una de las etapas del proceso de licitación.
De acuerdo a Alejandro Infante, presidente del Comité de Riego de Cuncumén, "se trató de un grupo de observaciones que trataron de ser respondidas por el MOP, pero fue finalmente no fueron aceptadas".
El traspié significa un nuevo retraso en el comienzo de las obras, pero no en un portazo definitivo. La Dirección de Obras Hidráulicas adjudicó un contrato por $10.747 millones a la empresa Brotec Internacional Construcción, que resultó segunda en el llamado a licitación hecho el año pasado.
La nueva revisión de la Contraloría demorará entre 30 y 45 días. Si todo sale bien, las faenas comenzarían durante el primer semestre de este año.
El plan permitirá llevar agua del río Maipo a más de 1.420 hectáreas de terreno, y con ello dar empleo a cerca de 1.500 personas, según las estimaciones gubernamentales.
El costo total del proyecto, en obras y expropiaciones, asciende aproximadamente a $20.000 millones.
El plazo de construcción estimado para la primera fase es de 630 días (21 meses).

