Jesús Farías Silva
El caso avanzó silenciosamente por dos años hasta llegar a la Corte Suprema. Desde febrero del 2016, cuando se descubrió que un grupo de trabajadores haitianos vivía sin sueldo, casi sin alimentación y servicios básicos en las obras del conjunto habitacional Mirador Altos de Bellavista 1 y 2, se litigaba en los tribunales de San Antonio y la región la legalidad de los contratos de estos obreros.
La empresa se defendió en el Segundo Juzgado de Letras de San Antonio, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y finalmente en la Corte Suprema. Sin embargo, en las tres instancias le fue mal. En fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Arturo Prado y el abogado Jaime Rodríguez- confirmó la sentencia en que se condenó a la empresa a pagar a cada uno de los afectados 11 sueldos mensuales, más el cobro de las remuneraciones adeudadas incluyendo los feriados proporcionales.
A esto se suma una multa que deberá ser pagada al Fisco.
De acuerdo al fallo, más de 60 personas habrían sido víctimas de esta situación. Sin embargo, solo 19 participaron de este proceso, en que se estableció que se abusó de la "diferencia de idiomas" y que los trabajadores haitianos no entendían el español para "violar su integridad física y sicológica".
Malas condiciones
El documento del juzgado establece que "debido a que los trabajadores haitianos venían de la ciudad de Santiago, se construyó en las dependencias de la misma obra un campamento improvisado destinado a albergar durante la noche a un grupo de trabajadores demandantes, carente de agua potable y servicios higiénicos, aislación térmica. Las camas eran hechizas, en donde se les proporcionó una colchoneta y ropa de camas".
"La luz se obtenía de conexiones eléctricas al aire, sin ningún tipo de aislación. La zona se ubicaba dentro de la propia obra, rodeada de áreas llenas de escombros y basura, por ello eran frecuentes los roedores y perros. Lo anterior infestó de pulgas, garrapatas y diversos ácaros al campamento, siendo antihigiénico y denigrante para la condición humana. El resto de los trabajadores, tratando de mejorar un poco su condición, se repartieron entre algunos de los departamentos a medio terminar, en donde llevaron su colchoneta y taparon, con los materiales que encontraron, los marcos de las ventanas ya que éstas todavía no estaban puestas".
En relación a la alimentación, se aclaró que había comedores que "eran ocupados exclusivamente por trabajadores de tez blanca, toda vez que antes de la llegada de este grupo de trabajadores haitianos, habían ocurrido ciertas diferencias que terminaron llevando a los trabajadores provenientes de Haití a cocinarse ellos mismos y comer improvisadamente en el suelo o mesones hechos por ellos mismos".
Sin servicios
El fallo indica que "carecían de duchas, debiendo asearse por partes con los suministros de agua existentes, los cuales eran de uso restringido, colocándoles tapas de madera con candado sobre las llaves de paso en la noche para que no gastaran dicho recurso. Del mismo modo, sólo contaban con baños químicos, los cuales no eran aseados con la periodicidad necesaria para ellos y resultaban insuficientes para el número total de trabajadores".
Se reconoce además, que, tal como informó Diario El Líder en febrero y marzo del 2016, "los trabajadores no contaban con dinero como para poder costearse su alimentación de la tarde o noche, comiendo solamente una vez al día la mayoría de las veces. Por lo anterior, se organizaban en grupos que salían a pedir dinero a fin de comprar en los almacenes del barrio, ante lo cual numerosos vecinos del sector comenzaron a organizarse, llevándoles comida y ropa".
