Secciones

Sorprendente cifra: hay un arma de fuego por cada 17 habitantes de la provincia

El Líder accedió por medio de la Ley de Transparencia a las estadísticas de la Dirección General de Movilización Nacional del Ejército y de Carabineros respecto de la cantidad de armas inscritas y de las entregadas.
E-mail Compartir

Jesús Farías Silva

Para Carabineros hay tres motivos por los cuales nadie debería tener un arma de fuego en su casa: porque esta puede caer en manos de los delincuentes y que ellos la usen en su contra; por el peligro de que un menor de edad resulte herido o incluso muerto y, finalmente, que se esté incurriendo en el delito de porte y tenencia ilegal.

Desde el 2005 el Gobierno impulsa la entrega de armas de fuego en unidades policiales, sin embargo, estas siguen -en números casi imposibles de determinar- dando vueltas o guardadas en cada rincón del país.

Lo obvio es que estas son ocupadas por delincuentes y criminales, pero en muchos casos también son usadas como una forma de defensa personal. En junio del año pasado, Diario El Líder reportó que este tipo de inscripciones había aumentado en cerca de un 50 por ciento en los últimos tres años.

Ahora, El Líder accedió mediante una solicitud de la Ley de Transparencia a las estadísticas de la Dirección General de Movilización Nacional del Ejército respecto de la cantidad de armas de fuego inscritas en la provincia de San Antonio, y a qué argumentos entregaron sus usuarios para solicitar la autorización.

Los números

Los datos entregados por el coronel Oscar Quintana Paulos, de la mencionada unidad militar, demuestran un alza en la cantidad de carabinas, escopetas y pistolas registradas entre 2014 y 2017 para defensa personal, seguridad y protección.

En la provincia de San Antonio hay 9 mil 522 armas de fuego legalmente inscritas, lo que quiere decir que la proporción es de una cada 17 habitantes. El 50 por ciento de ellas fue registrado con el propósito de salir a cazar. Otro 40% del total fue anotado para fines de defensa personal y seguridad.

En 2017 el índice de inscripción bajó un 10% en comparación con los dos años anteriores cuando se legalizaron cerca de 100 armas en promedio en las seis comunas de la provincia.

A nivel comunal, 994 están en Algarrobo, 1.118 en Cartagena, 661 en El Quisco, 664 en El Tabo, 4.950 en San Antonio y 1.155 en Santo Domingo.

Las escopetas, pistolas y revólveres son los más usados.

En todas estas comunas ninguna persona tiene permitido usarlas fuera de su hogar. La única excepción son los lugares autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para cazar, pero solo habiendo tramitado el permiso correspondiente ante esta repartición.

Entrega

El tiroteo en una escuela de Parkland -considerado el distrito más seguro del estado de Florida en Estados Unidos- nuevamente puso en la agenda el problema sobre la tenencia de armas en ese país, que es una de las pocas naciones donde el derecho de portar armas se defiende apasionadamente en el congreso. En el caso de Chile, el sistema jurídico pone las trabas suficientes para que cada vez sea más difícil portarlas.

"Ahora para poder tener armas inscritas debes pasar por una serie de exámenes, síquicos y físicos, que se deben rendir periódicamente. La última ley habla sobre los delitos relacionados con armas donde se aumentan las penas para quienes fabriquen armas hechizas, por ejemplo", sostiene el abogado Benjamín Herrera.

Las sanciones por portar o fabricar armas en Chile también son altas: una persona que lleva consigo un arma sin registro arriesga una condena de 541 días hasta 10 años de presidio. Fabricar un arma modificada (o hechiza) también implica el mismo castigo.

Estas penas se hicieron más estrictas en 2015 y se reforzaron los llamados a la entrega voluntaria.

Mediante una segunda solicitud de transparencia, el coronel de Carabineros Pedro Duguett Aroca, jefe del Departamento de Información Pública y Lobby, reveló que en lo que va del año se han entregado más de 37 dispositivos de distintos tipo. Cerca del 40 por ciento corresponde a pistolas, revólveres y escopetas en desuso. Una parte muy pequeña, solo cuatro unidades en cinco años, equivalen a armas hechizas. Gran parte de este último tipo de elementos y municiones son sacadas de circulación mediante allanamientos y operativos especializados, según apuntaron desde la institución.

De acuerdo a la Ley de Control de Armas y Explosivos 17.798, las personas que tengan en su poder armas no inscritas o en mal estado, pueden hacer entrega de éstas de forma anónima, sin el miedo de ser detenidos, en las unidades policiales correspondientes o en las parroquias o templos cercanos a su domicilio.

"El tiroteo en una escuela de Florida, en Estados Unidos, nuevamente puso en la agenda el problema sobre la tenencia de armas"."

"Las sanciones por portar o fabricar armas en Chile también son altas: una persona que lleva consigo un arma sin registro arriesga una condena de 541 días hasta 10 años de presidio".

Registra visita

Trabajadores a honorarios anticipan un abril cargado de movilizaciones

Hoy parte la última Operación Renta, en la que quienes "boletean" podrán rechazar al derecho a cotizar. Esperan entablar conversaciones con el Gobierno.
E-mail Compartir

Jesús Farías Silva

En 2019, a diferencia de los años anteriores, los trabajadores independientes ya no podrán renunciar al pago de cotizaciones previsionales en la Operación Renta. En enero entró en vigor la Ley 20.894, que establece la obligación de todos los trabajadores independientes a cancelar este monto.

Quienes laboran a honorarios tienen dos opciones para hacerlo: pagar mes a mes, o bien, esperar hasta la Operación Renta 2019, donde se hará el cálculo de sus rentas y se descontará el dinero en una cuota.

La obligatoriedad para quienes "boletean" fue impulsada en el primer gobierno de Michelle Bachelet y se concretó durante la administración de Sebastián Piñera, sin embargo, los sindicatos afectados protestaron en 2015 y consiguieron que se promulgara una "ley corta" que prorrogó esta medida hasta 2018.

Los funcionarios públicos están reclamando desde noviembre para renovar esa extensión y visibilizar esta realidad.

La situación afecta a trabajadores del sector público y privado, sin embargo, han sido los funcionarios municipales quienes se han manifestado con la esperanza de revertir la normativa.

El Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de San Antonio estaba convocando a una movilización para el 19 de abril, pero este jueves decidieron cambiarla para el miércoles 25.

Su presidenta, Carolina Malgue, explicó que esta agrupación -que congrega a 450 funcionarios del municipio local- ha trabajado constantemente en exponer el tema.

"Nosotros participamos en la coordinadora regional de sindicatos y hace poco nos sumamos a un encuentro nacional en Villarrica, donde se determinaron varias cosas, entre ellas, la fecha de esta movilización", indicó.

La dirigenta agregó que las organizaciones nacionales sostuvieron una reunión con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, quien se comprometió a dar una respuesta dentro de este mes.

No obstante a la buena recepción del Ejecutivo, hicieron un llamado a no cotizar hasta que se resuelva la situación. No solo apuntan a la merma salarial, sino que también a una larga lista de problemas.

"No se nos reconoce nuestra carrera de funcionarios, no nos consideran trabajadores del Estado, no tenemos los mismos derechos que cualquier trabajador, pero nos están obligando a entregar nuestro dinero a un sistema que sabemos que no nos va a retribuir dignamente en una pensión el día de mañana", aseguró Malgue.

Abril será un mes clave. Están esperando que "se levanten" nuevos sindicatos en El Tabo, El Quisco y Algarrobo, y que se sumen a lo que están haciendo en las comunas de Cartagena y San Antonio.

Hasta ahora, la Operación Renta que parte hoy será la última en que se podrá renunciar al derecho a cotizar.

Nueva normativa

Bajo la nueva ley, si una persona tiene una renta de $500 mil, el monto que deberá cancelar mensualmente es de $90 mil aproximadamente, de acuerdo a diferentes sindicatos de trabajadores que "boletean". Según la Asociación de AFP, actualmente en Chile hay 2 millones 200 mil personas que están en la categoría de independientes. La normativa solo excluye a hombres que tienen más de 55 años, y mujeres de más de 50, además de los afiliados al Instituto de Previsión Social (IPS) o miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.

ARCHIVO / SÓCRATES ORELLANA
ARCHIVO / SÓCRATES ORELLANA
En la provincia de San Antonio hay 9 mil 522 armas de fuego legalmente inscritas.
Registra visita