Mónica Jorquera Escobar
"El persecutor (Ministerio Público) logró acreditar más allá de toda duda razonable que el acusado en reiteradas oportunidades accedió carnalmente a la ofendida (…). Concurre el agravante especial (…) que el encartado (imputado) se encontraba al cuidado de la ofendida cuando la accedía carnalmente".
En este extracto del veredicto, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Antonio detallan el motivo por el cual decidieron condenar a un anciano a la pena de 12 años de presidio, en calidad de el autor del delito de violación impropia en contra de su ahijada cuando esta tenía 13 años.
La terna de magistrados, compuesta por Sergio Ortiz (presidente), Olga Fuentes y José Antonio Cifuentes, determinó que el acusado deberá cumplir los 12 años de cárcel de manera efectiva, sin poder acceder a ningún tipo de beneficio extracarcelario.
Además, como accesorio a la condena privativa de libertad, el hombre de 66 años no podrá trabajar cerca de menores de edad de por vida.
En el mismo documentos, los magistrados explicaron uno de los puntos que los hizo formarse la convicción de que el acusado era culpable: "Se probó en juicio (el delito) fundamentalmente con la declaración de la víctima, quien pormenorizadamente describió los hechos que la afectaron en el interior del domicilio del encartado (acusado) y las circunstancias en que se produjeron".
Los hechos por los cuales se castigó al imputado, quien por orden del tribunal solo podrá ser identificado con sus iniciales, S.U.F., ocurrieron en Llolleo cuando éste quedaba al cuidado de su ahijada los fines de semana.
Cuando fue arrestado, el 12 de septiembre de 2017, el detenido confesó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones que había mantenido relaciones sexuales consentidas con la menor de edad, lo cual es un ilícito.
"Había relatado las relaciones sexuales y por ello el tribunal consideró que colaboró con la investigación, eso le permitió, junto a su irreprochable conducta anterior, obtener una pena más baja de la solicitada por el Ministerio Público, que era el presidio perpetuo", informó el fiscal de la causa, Álvaro Mansilla.
La defensa del acusado tiene un plazo de 10 días para solicitar la nulidad del juicio ante la Corte de Apelaciones.