Karem Pizarro Chacón
Cuando Gabriela Contreras ingresó a trabajar a la empresa de Alarmas CSD jamás pensó que pasarían 20 años sin que su empleador le pagara las cotizaciones previsionales.
La necesidad de contar con un empleo permitió que siguiera durante esas dos décadas aguantando una serie de irregularidades, por lo que el año pasado renunció a ello.
"Nosotras sabíamos todas las carencias que tenía la empresa, pero yo como telefonista no le podía decir al cliente que llamaba por una emergencia que no teníamos móvil. Teníamos que mentir. Le decíamos al cliente que el móvil pasó y que no sucedía nada...", comenta Gabriela.
Ella, junto a otras cinco compañeras Olga Rubio, Ingrid Jurevies, Lissett Lanas, Elizabeth Correa y Sabina Contreras, demandaron a su ex empleador por incumplimiento laboral.
El abogado Raúl Devia , especialista en temas laborales, señaló a Diario El Líder que "se presentaron las demandas de estas seis trabajadores durante el año pasado a la Sociedad de Inversiones CSD. Se realizaron las audiencias y en todas las causas él reconoció que les debía y se llegó a acuerdos judiciales para que les pagara parte de lo demandado a las trabajadoras. En algunos casos pagó una cuota mínima inicial y quedó pendiente gran parte de lo acordado".
"El origen de este problema laboral es con Carlos Santis Díaz, quien para evitar cumplir con las normas laborales y previsionales fue cambiando y creando una sucesión de sociedades a nombre de su familia, transfiriendo los bienes que tenía a nombre de su mamá, quien no es parte de la sociedad y de esa forma escabullir el pago que le correspondía a las trabajadoras", agregó Devia, quien aseguró que está en conversaciones con abogados de la Corporación de Asistencia Judicial que llevan más causas de otros trabajadores que fueron víctimas de las malas prácticas del mismo empleador, para entablar una querella criminal en conjunto.
Pero las irregularidades van más allá de la situación de las remuneraciones.
"Nosotras no queríamos dejar la empresa, pero cuando Chilquinta cortó la luz porque se colgaban del tendido público, nos pusieron un generador para seguir trabajando. Estuvimos con ese generador encendido las 24 horas durante un mes hasta que terminamos intoxicándonos por los gases que salían", comenta Olga Rubio.
"Después de eso fue la Seremi de Salud a inspeccionar y nos hizo abandonar el lugar. Cuando volvimos a trabajar él no nos dejó y nunca más nos contestó el teléfono", agregó Olga.
La empresa
Diario El Líder llamó insistentemente durante todo un día al fono comercial de la empresa para hablar con el empleador, sin embargo este sonó siempre ocupado. Además fuimos al edificio comercial ubicado en Avenida Chile, en Llolleo, donde estaban todas las puertas de acceso cerradas y no salió nadie a abrir.
2017 en junio, dejaron de trabajar estas telefonistas, administrativas contable y cobradoras.