Samuel Núñez responde a las críticas a la gestión de la Fiscalía de San Antonio
El jefe del Ministerio Público aclaró cómo actuó el fiscal Alvaro Mansilla cuando le correspondió presentarse en la audiencia de detención de dos sujetos que portaban un arsenal de armas y que fue declarada ilegal por el juez de Garantía.
En septiembre de 2016 el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, realizó un cambio sorpresivo en la Fiscalía de San Antonio. Tras dos años como jefe del Ministerio Público, el fiscal José Miguel Subiabre fue cesado en ese cargo y en su reemplazo llegó Samuel Núñez.
A 20 meses de haber asumido como fiscal jefe, Núñez accedió a responder las preguntas de Diario El Líder y lo hizo en una semana en que se generó polémica nacional por la decisión del juez Juan Pablo Flores de declarar ilegal la detención de dos sujetos que fueron detenidos, el lunes en Las Cruces, con abundante armamento robado.
Núñez se hace cargo de las expresiones vertidas por el core UDI Mauricio Araneda por Twitter, quien criticó el actuar del fiscal que se presentó en la audiencia en que Flores declaró ilegal el arresto de esas dos personas. Aquel abogado es Alvaro Mansilla, coincidentemente el mismo fiscal que formalizó al core por maltrato de obra a carabineros y por conducción bajo la influencia del alcohol tras un hecho ocurrido en 2017.
Críticas similares hicieron otras personas como el core DC por San Antonio, Roy Crichton , quien, también en Twitter, sostuvo que "los atrapan con ametralladoras , armas y municiones, dinero efectivo, antecedentes criminales por narcotráfico, y por tecnicismos jurídicos quedan en libertad . Fiscalía y justicia al debe en San Antonio".
-¿Qué puede decir respecto a los dichos del core Mauricio Araneda? que sostuvo en Twitter que "el fiscal ante los hechos a la vista más parece un defensor de los delincuentes y no un garante del Estado para defender a los ciudadanos de delincuentes y traficantes. Además insistió en que "el fiscal no hace la pega"...
-Siendo respetuoso de las opiniones que autoridades políticas puedan tener de la actuación de los fiscales, creo que yerra absolutamente. La actividad del fiscal en la audiencia de control de detención es exponer lealmente, desde el punto de vista procesal, ante el juez y los intervinientes, los antecedentes de la detención y sostener la legalidad de la misma, en caso de que así corresponda. Y este fue el caso. El fiscal de la audiencia sostuvo con argumentos y cita de las normas respectivas la legalidad de la actuación policial, pero el juez de garantía no estuvo de acuerdo y procedió conforme a sus propias facultades legales a decretar ilegal la detención. Por tanto, reprochar al fiscal por el resultado de la audiencia, siendo que quien decide en definitiva es el juez, y quien practica la detención es la policía autónomamente, parece completamente desproporcionado y desconectado de la realidad fáctica y procesal.
-¿Por qué cree que Mauricio Araneda afirma esto?
-Yo no dudo de la buena fe de las autoridades políticas. Puede deberse a desconocimiento, simplemente.
-Sobre la decisión del juez Juan Pablo Flores de declarar ilegal la detención de los dos hombres que fueron arrestados con armamento en Las Cruces. ¿Por qué suceden estas situaciones que generan controversia en la opinión pública?
-La detención es una medida compulsiva que siempre requiere examen judicial, porque afecta derechos fundamentales, cualquiera sea el delito, su importancia, gravedad, o la cantidad de imputados. El llamado a hacer ese examen es el juez de Garantía, con los insumos que le entregan los intervinientes. Afirmamos en esa audiencia la legalidad de la actuación policial, y la seguiremos sosteniendo en los recursos y etapas procesales que vengan. Lo que ocurrió fue que el magistrado consideró una vulneración a derechos esenciales el control de identidad y consecuente registro realizado al vehículo por la policía, lo que significó que declarase ilegal la detención y -según un criterio jurídico particular del juez Flores- dejase en libertad a los imputados, sin permitir a la Fiscalía formalizar la investigación. Lo que ocurrió es simplemente eso: el ejercicio legítimo de sus facultades por un juez de la República, criterio que no compartimos, por lo cual ya presentamos apelación.
Gestión -¿Qué balance puede hacer de su gestión como fiscal jefe?
-Hemos observado un aumento de los juicios orales y de las condenas, y estimamos que esto es el resultado de una mayor intensificación de la persecución penal, que ha estado vinculada a un aspecto estratégico: un nuevo sistema de trabajo y relacionamiento con las víctimas. Como fiscalía local, contamos con dos profesionales que están específicamente enfocados en la preparación de las víctimas con miras al juicio oral, lo que nos ha permitido mejorar cuantitativa y cualitativamente nuestro estándar de prueba, con efectos en materia de resultados punitivos. Por otro lado, estamos trabajando intensamente con el nuevo Centro de Contacto de Víctimas de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que durante las primeras horas después de cometido el delito toma contacto con los afectados para atender sus necesidades proteccionales y para rescatar información que no hemos recibido por los canales tradicionales y que nos devuelven para potenciar la labor investigativa. Esto y otros procesos nos comprometen con un trabajo y resultados orientados al mejoramiento continuo de la investigación y persecución penal.
-¿Qué condenas son destacables en la gestión de la Fiscalía en el último año?
-Hay varias por delitos sexuales, drogas, homicidio… pero más que destacar condenas, que para nosotros son todas destacables, independientemente de su gravedad o de la pena obtenida, porque tras cada caso hay víctimas que tienen igualitariamente nuestra atención y disposición, es la gestión en la que estamos empeñados y trabajando como equipo de fiscales y funcionarios lo que consideramos que está dando buenos resultados y queremos destacar.
-¿Qué interacción se ha logrado tener con las policías de la zona?
-Tenemos un contacto permanente y estrecho con ellas, y precisamente el trabajo con las policías tiene que ver con la gestión que estamos desarrollando. Tenemos estrecha coordinación con la PDI en materia de robos, así como con el OS-7 de Carabineros en materia de drogas.
-La gobernadora provincial de San Antonio, Gabriela Alcalde, ha cuestionado la ausencia de la Fiscalía en las reuniones del Comité de Seguridad. ¿Ha asistido a todas estas citas?
-Como lo informamos en su momento, no fue posible satisfacer una invitación efectuada por la gobernadora, realizada a las seis de la tarde del día anterior a una reunión programada a las 9 de la mañana. No podemos disponer del trabajo ya programado e impostergable de los fiscales en audiencias con esa poca anticipación. Después de eso, con el aviso y la coordinación debida, hemos podido organizarnos y estamos asistiendo, así como nuestros fiscales y abogados están organizados para asistir a las reuniones en los municipios, porque la Fiscalía es parte de la sociedad y nos interesa recibir aportes y aportar para lograr un mejor trabajo y contribuir a la comunidad con nuestra información y experiencia. Personalmente, además, me he reunido con alcaldes y con encargados de seguridad ciudadana, y esperamos seguir haciéndolo.
Investigación de robos -¿Tiene en la Fiscalía la cantidad de fiscales que requiere para cumplir con todos los requerimientos de esta zona?
-Siempre las necesidades son superiores a los recursos que una organización tiene, pero tratamos de satisfacerlas con los profesionales y materiales con los que contamos. En esa lógica, conscientes de la importancia que tienen los robos para nuestra comunidad, desde febrero de este año aumentamos a dos los fiscales dedicados únicamente a la pesquisa de esos delitos, y contamos con una fiscal que está haciendo también una intensa labor respecto del delito que más se denuncia en la provincia, violencia intrafamiliar, mediante la revisión pormenorizada de cada caso y el requerimientos de información adicional o complementaria, en breve tiempo, a la policía.
-¿Qué desafíos se presentan para la Fiscalía con el incremento de algunos delitos violentos en comunas como El Quisco, donde han ocurrido dos asesinatos en los últimos meses?
-Ese ha sido un fenómeno que en las últimas semanas se ha producido y que ha causado evidentemente preocupación en la comunidad y en todos nosotros. Al respecto puedo decir que la labor de la Brigada de Homicidios, junto con la de los fiscales de turno y especializados ha tenido notables éxitos en algunos de esos casos, y los demás están bien encaminados. También la alcaldesa de El Quisco, Natalia Carrasco, nos ha expresado su preocupación en las reuniones que hemos sostenido, y estamos en contacto directo con ella en estos temas.
-¿Por qué cree que la gente, muchas veces, culpa a los fiscales por los dictámenes de la justicia?
-No creemos que la gente culpe a los fiscales por los dictámenes de los tribunales de justicia. El sistema de justicia penal es complejo, con varios actores, en que las labores de investigación y acusación, por un lado, y juzgamiento, por otro, están separadas, y tengo la impresión que falta más conocimiento de las labores que desarrolla cada uno de los actores del proceso penal, de los estándares que se exigen a las investigaciones, del respeto de los derechos fundamentales de las personas en la investigación, de la exigencia de que una condena siempre debe ser sustentada por una investigación y proceso legítimos. Ahí hay una tarea pedagógica de largo aliento, que cabe a todos los intervinientes del sistema.
-¿En qué debe mejorar la gestión de la Fiscalía?
-En aspectos administrativos y procesos de trabajo interno para hacer más rápida y ágil la toma de decisiones en las investigaciones, y estamos trabajando para conseguirlo.