Ayer, a través de un comunicado al que tuvo acceso Diario El Líder, se confirmó que la Fiscalía Nacional pidió al fiscal regional de Valparaíso: Pablo Gómez, que informe del procedimiento tomado por la Fiscalía de San Antonio para la detención de dos sujetos que circulaban armados en El Tabo y cuyo arresto fue declarado ilegal por parte del juez Juan Pablo Flores. "El Ministerio Público comparte la preocupación de la ciudadanía. Se trata de una situación especialmente compleja y grave, por lo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha solicitado todos los antecedentes del caso al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, para revisar cómo se llevó a cabo el procedimiento en su conjunto. A partir de ese análisis, la Fiscalía Nacional determinará eventuales mejoras en la coordinación con policías y en los protocolos internos", señala el escrito. En la misma línea, el core Mauricio Araneda (UDI) dijo a El Líder que "con el core Roy Crichton pedimos formalmente al intendente que oficie una queja y solicite auditar el funcionamiento de la Fiscalía Local de San Antonio. Además de que se nos aclare cuál es el déficit real de fiscales en nuestra provincia".

Rodrigo Ogalde

El sábado el Presidente Sebastián Piñera, a través de Twitter, sostuvo que es "muy grave que juez de Garantía de San Antonio deje en libertad personas que llevaban en su auto peligrosas armas y municiones. Existen disposiciones legales expresas para evitarlo. Necesitamos que nuestros tribunales apliquen la ley y colaboren con la seguridad de nuestras familias".

El magistrado aludido por Piñera es Juan Pablo Flores, quien decretó como ilegal la detención de dos hombres que el lunes 28 de mayo fueron arrestados en El Tabo por Carabineros luego de que, en un control de tránsito, se les descubriera armamento ilegal en la maleta del vehículo en que se movilizaban. Manuel Olivares Maldonado (56) y Nelson Cerda Órdenes (26) quedaron libres, pero citados para su formalización el 19 de junio. Esto le valió al juez que el Gobierno presentara un recurso de queja en su contra.

En medio de la batahola que esta situación generó y después de las críticas del Mandatario, Flores, quien ya había expuesto sus argumentos para haber decidido declarar ilegal la detención de ambos sujetos, en entrevista con Diario El Líder, dijo que "están en pleno derecho el Gobierno, el Presidente, los ministros o quien sea parte del proceso y que se sienta afectado, de presentar un recurso de queja, y debe resolver mi superior, en este caso la Corte de Apelaciones, si es que mi resolución, no solamente es correcta o incorrecta, sino que si implica una falta o abuso, o si con eso se contraviene no solo la ley sino que, eventualmente la Constitución, o, incluso o más importante, los tratados internacionales".

El magistrado insistió en que con los antecedentes a la vista en la audiencia del martes 29 de mayo,llegó a la convicción de que "la detención no se ajustaba a derecho".

Así también, Flores afirmó que como él es un hombre que ocupa un cargo público está expuesto a las críticas de la comunidad y que, por lo mismo, las acepta "con altura de miras" porque, a su juicio, eso es parte del ejercicio democrático. "Uno echa de menos que la crítica sea con un conocimiento más exacto de lo que está pasando, pero en general yo acepto las críticas", recalcó.

Formalización

Consultado si es que era posible que en la citada audiencia el fiscal Alvaro Mansilla formalizara a los dos imputados, el magistrado declaró que "el fiscal de sala es súper profesional y súper objetivo, fue tremendamente transparente y leal, como lo esperamos de todo fiscal". Enfatizó que "el fiscal hizo lo posible con los antecedentes que tenía en ese momento". Pese a ello, Flores reconoció que Mansilla "no insistió por la formalización en ese momento".

Respecto a la supuesta mala imagen que se pueda crear de la justicia con este tipo de casos en que se les dio la libertad a dos sujetos que circulaban armados por la calle, el magistrado explicó que "en ese caso concreto, con los antecedentes expuestos, uno tiene que tomar una determinación que se ajuste a derecho, no es el termómetro de la opinión pública lo que debe marcar una resolución sino la ley interna, la Constitución o los tratados internacionales, porque en el momento en que la justicia empiece a fallar por el termómetro de la opinión pública, todos los ciudadanos ponen en riesgo sus derechos".

Requerido sobre la posibilidad de que las declaraciones de Piñera sobre este caso puedan "mansillar" la independencia de los poderes del Estado, Flores insistió en que "todas las personas tienen el derecho a criticar, lo único que se les puede pedir es que para que ese derecho sea útil, es que la crítica siempre sea informada. En lo personal no tengo ni una opinión negativa, hay siempre que tener cuidado en los términos que se ocupan; por supuesto, el Presidente es la máxima autoridad de la República, el primer ciudadano de la República, entonces uno siempre espera de él cuidado en sus dichos. Hasta ahora lo que he visto puede ser un poco apasionado, pero esa es la política. El Presidente se mueve en un marco político en el cual la pasión es parte integrante; a mi gusto no hay ningún problema con las críticas que ha hecho a mi actuar, y para eso están los recursos que está ejerciendo".