Ante el Primer Juzgado de Letras de Santiago, dos ex funcionarios de la Gobernación Provincial, que salieron de esta repartición en abril del presente año, presentaron una demanda laboral en contra del Fisco por despido injustificado.

Las acciones legales fueron interpuestas por Brenda Quezada Berríos y Pablo Peñailillo Jiménez, quienes son representados por el abogado Paul Francois Eichwald.

En ambos casos, el abogado señala en el documento presentado ante el juzgado que "vengo en interponer demanda conforme al Procedimiento Ordinario de Aplicación General, por declaración de la existencia de la relación laboral, de despido injustificado, de nulidad del despido y el cobro de prestaciones laborales" que habría afectado a los dos ex funcionarios de la Gobernación Provincial.

La demanda es contra el Servicio de Gobierno Interior, representado por el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla.

En los dos casos, los demandantes piden que se les reconozca como prestadores de servicios de la Gobernación Provincial de San Antonio y que se les pague todo lo que correspondería a sus contratos de honorarios que regían hasta el 31 de diciembre de 2018. En el caso de Pablo Peñailillo se pide una indemnización por cerca de 13 millones de pesos, mientras que Brenda Quezada solicitó una suma que llega a los 8 millones de pesos.

Ayer, la gobernadora Gabriela Alcalde declinó referirse a la demanda presentada por Brenda Quezada y Pablo Peñailillo.

Sindicato de la Maersk envió una carta

de queja a la Ocde

Raúl Abarca Pailamilla

Vecinos de la avenida Teniente Cruz Martínez aún se encuentran bastante preocupados con la posible instalación definitiva de una antena celular en una de las parcela de este sector de Santo Domingo.

Andrea Caro, una de las residentes del sector, denunció que la municipalidad "no ha respetado el fallo de la Contraloría que exigía sacar el soporte de dicha antena".

"Acá se colocó la antena sin consultarle a nadie. Ningún vecino fue notificado por la empresa sobre esto. Por eso tuvimos que llegar hasta la Contraloría que ordenó que la empresa hiciera de nuevo este proceso de solicitud de instalación y sacara el actual soporte", afirmó Caro.

Según los residentes, la empresa comenzó nuevamente a gestionar este trámite en la municipalidad. Lo cierto es que "no hemos sido notificados otra vez de esto, para saber si los vecinos estamos a favor o en contra de esta instalación. Aquí nadie quiere esto por todos los problemas de salud que provoca. Además la municipalidad le extendió el plazo a la empresa para conseguir el permiso".

"Incluso aquí se ha hablado de una compensación. Nosotros no les hemos pedido nada. Lo que queremos es que no se instale. En el sector de Santa María del Mar, los vecinos están de acuerdo con instalarla ahí porque tienen muy mala señal. Con ellos deberían conversar para instalarla", sugirió Caro.

Respuesta municipal

Desde la municipalidad aclararon, mediante un comunicado de prensa, que la corporación "no ha extendido ningún tipo de plazo a la empresa solicitante del permiso (ATC Chile). En el mes de agosto de 2017 la Contraloría General de la República se manifestó indicando iniciar un proceso de invalidación del permiso, teniendo el municipio 60 días para dar respuesta a este ente fiscalizador sobre las medidas a adoptar".

"Con fecha 17 de octubre de 2017 este municipio informa a Contraloría que se ha iniciado un proceso de invalidación del permiso, solicitando a la empresa que realice todo el proceso nuevamente en la Dirección de Obras. La Contraloría indicó la invalidación pues no se notificó a un vecino como dicta la ley. Con solo notificar a ese vecino el permiso se podría haber otorgado. Sin embargo, para una mayor transparencia en el proceso, la Municipalidad de Santo Domingo exige a la empresa presentar nuevamente la carpeta respectiva para dicha solicitud", expresaron.

"El 15 de febrero de 2018, mediante oficio, se otorga un plazo de seis meses, donde la empresa deberá regularizar el proceso de permiso y recepción. Cabe destacar que en el proceso anterior la empresa tardó dos años en obtener el permiso, por lo cual en esta oportunidad lejos de extender el plazo, la Municipalidad de Santo Domingo redujo el mismo a un cuarto de tiempo", aseguraron.

Por último explicaron que "la Contraloría no ha otorgado plazos ni ha hecho indicaciones de sacar el soporte, pues no está dentro de sus facultades. Lo que el ente fiscalizador indicó al municipio, no a la empresa, fue iniciar un proceso de invalidación al permiso de obra, lo cual se hizo".