Ex concejal calificó de "irrisoria" la condena por fallas en casas de Mirador Altos de Bellavista
Condenado por estafa al Fisco cumplirá la pena en libertad y pagará una multa no mayor a un millón de pesos. En la cita expusieron sus inquietudes sobre el proyecto.
El Tribunal de Garantía de San Antonio , a través de un juicio abreviado, sentenció a una pena de dos años de presidio menor en su grado medio por el delito de estafa al Fisco al representante legal de la empresa constructora Viet Ingeniería Spa, Juan Pablo Martínez Cabrera, que tuvo a su cargo la edificación de las viviendas del proyecto "Mirador Altos de Bellavista", que en el año 2016 fueron demolidas debido a las fallas que presentaron antes de ser entregadas.
En este caso eran querellantes el Consejo de Defensa del Estado, el ex edil UDI Ricardo García, el actual concejal PC Maximiliano Miranda y Jeanette Castro, una de las mujeres que debió esperar largamente para recibir su vivienda recién en el año 2017.
Según se puede leer en la sentencia, Martínez deberá cumplir con "la suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena" y pagar una multa de 20 UTM (casi 940.000 pesos) por dicho ilícito que él cometió en calidad de autor entre los meses de marzo y abril del año 2014.
Además, el tribunal sustituyó el cumplimiento de la pena de cárcel impuesta a Martínez por la de remisión condicional "debiendo quedar sujeto al control administrativo y a la asistencia al Centro de Reinserción Social de Gendarmería Santiago Oriente, por el tiempo de la condena".
El ex concejal Ricardo García calificó de "irrisoria" la sentencia por cuanto, a su parecer, las investigaciones determinaron que se pagaron dineros a la empresa constructora Viet Ingeniería Spa pese a que esta no había cumplido con los avances en las obras a los que correspondían esos montos.
"Esta sentencia nos dejó atónitos porque había comprometida tanta plata del erario nacional. Creo que la justicia actuó mal pero las leyes permiten que se hagan estos arreglos", dijo ex edil sobre el acuerdo al que llegaron el fiscal Claudio Reveco, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional, y la defensa de Martínez, a fines de mayo pasado, y mediante el cual él admitió participación en los hechos por los cuales había sido formalizado en enero de 2017.
García lamentó que no haya una condena judicial para quienes, según él, cometieron errores administrativos en la Egis municipal, lo que a su parecer, permitió el pago a dicha empresa por obras que no se habían materializado.
1.200 millones de pesos es el monto, según el CDE, del perjuicio fiscal que ocasionó la mala construcción de las casas.
