Michael Seguel P.

Carabineros comunicó ayer que dio de baja a un cabo primero de la Tercera Comisaría de Padre Las Casas, en La Araucanía, por haber grabado el video difundido el fin de semana donde aparece el ex sargento Carlos Alarcón afirmando que los imputados en el caso Catrillanca fueron obligados a mentir en sus declaraciones en fiscalía.

El exfuncionario fue formalizado la semana pasada por el homicidio del comunero Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre en un operativo policial tras el robo de vehículos en un colegio de Ercilla. Otro exuniformado fue imputado por el mismo delito, mientras otros dos por obstrucción a la indagación.

La institución dio a conocer ayer los primeros resultados del sumario administrativo anunciado el lunes. Allí detalló que el cabo, cuyo nombre no se entregó, "habría grabado con su teléfono celular el mencionado video cuando se encontraba visitando al imputado" en la Segunda Comisaría de Temuco, donde el ex sargento cumple prisión preventiva. Añadieron que el excabo reconoció su participación en el hecho.

El caso Catrillanca ha causado impacto por la muerte del joven mapuche, pero también por la sucesión de cambios de versiones oficiales. Inicialmente se informó que la muerte habría ocurrido durante un enfrentamiento entre efectivos del Gope y desconocidos, lo que la fiscalía acreditó era falso. También se dijo que no había registro audiovisual del operativo, en circunstancias de que el sargento Raúl Ávila portaba una cámara Go Pro en su casco, cuya tarjeta de memoria cortó con una tijera y arrojó a la taza del baño.

El Presidente Sebastián Piñera dijo ayer en una entrevista con Radio Biobío que "se han cometido errores en muchos gobiernos por confiar ciegamente en la primera versión de Carabineros".

Nuevo reglamento

Paralelamente, ayer se publicó en el Diario Oficial un nuevo reglamento que norma el uso de la fuerza policial. El documento se elaboró a partir de un informe a de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso del comunero Alex Lemún, quien falleció tras recibir un disparo policial en 2002.

Entre las normas está "evitar el uso intencional de armas letales" y dice que si el policía debe recurrir a su arma de fuego debe advertir de su uso sin contar los casos en que "se ponga en peligro al funcionario policial o se cree un riesgo grave a otras personas". Se añade que en el caso de eventos no autorizados, los funcionarios "evitarán el uso excesivo de la fuerza".

4 ex policías han sido formalizados hasta el momento por la muerte de Camilo Catrillanca.

El Arzobispado de Santiago comunicó ayer que enviará al Vaticano los antecedentes de la investigación previa al sacerdote Diego Ossa, por los presuntos abusos a menores que habría cometido antes de 2005. Ossa perteneció al círculo cercano del ex sacerdote Fernando Karadima, quien fue expulsado este año del sacerdocio por el Papa. "La investigación previa es una indagación con el fin de determinar si hay elementos suficientes para que la Congregación para la Doctrina de la Fe resuelva llevar o no adelante un proceso penal u otras medidas. La investigación previa no establece responsabilidades", dice el comunicado. Añade que se mantendrá la medida cautelar a Ossa de no ejercer públicamente.

El comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, declaró ayer como testigo en las oficinas de la institución castrense ante el fiscal regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, por el presunto tráfico de armas al interior de la entidad.

El caso estalló a partir de un audio -publicado por The Clinic- donde Martínez dijo en una charla masiva con oficiales que existían efectivos que daban sus armas por perdidas y luego las vendían a narcotraficantes. "Hemos recibido su colaboración para prestar esta declaración", dijo Guzmán tras la diligencia.

Añadió que "se ha requerido al Ejército la información de las distintas unidades del país vinculadas a pérdida, robo y extravío de armamento particular de sus funcionarios".

La semana pasada, Martínez se reunió con la ministra en visita, Romy Rutherford -quien investiga irregularidades en viajes del Ejército- tras afirmar en el mismo audio que existían otros ilícitos en otras ramas de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tras la reunión, aseguró que no tenía antecedentes sobre el tema.

Los chilenos Fernando Candia y Felipe Osiadacz ayer fueron trasladados desde la cárcel de Kuala Lumpur en Malasia al Centro de Detención de Inmigrantes, hasta que su situación migratoria se regularice.

Los chilenos fueron condenados a dos años de prisión por el homicidio de un travesti en agosto de 2017. Esto, tras un acuerdo entre la defensa de los chilenos y la fiscalía de Malasia.

El mismo ente persecutor apeló a la decisión del Tribunal de primera instancia, lo que alargaría el proceso hasta el próximo año, según sostuvo T13.

Se espera que este miércoles los chilenos salgan de la cárcel y esperen en libertad el resultado de la apelación, lo que impediría que estén en Chile antes de fin de año.